«No votaré para financiar a ICE hasta que salga de mi estado». La promesa de la senadora de Minnesota Tina Smith, que ha visto morir este mes a dos de sus contribuyentes a manos de la policía migratoria y las patrullas fronterizas, ha encontrado eco en la Cámara Alta, a pesar de la intimidación que denunciaba. «El Congreso tiene la obligación de actuar, pero hasta ahora casi todos mis colegas republicanos parecen amedrentados por el señor Trump», retó en las páginas de opinión del New York Times.
Eso cambió este jueves, cuando ocho senadores republicanos se unieron a la oposición para bloquear el avance de la legislación que financiaría el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Faltaban menos de 48 horas para que se agotara la partida temporal que en octubre pasado permitió reabrir las oficinas del gobierno federal, cerradas por falta de fondos. La falta de acuerdo hubiera dejado a más de un millón de funcionarios ante un nuevo hiato, sin trabajo ni sueldo.
Desde el miércoles por la noche el presidente negociaba personalmente con el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que tiene en la manga un plan para aprobar cinco partidas fundamentales ajenas al DHS, paraguas de las conflictivas agencias migratorias. Todo lo que cubre defensa, finanzas públicas, transporte, política exterior y el bloque social de trabajo, sanidad y educación se salva para el resto del año fiscal, que acaba en septiembre, pero el DHS solo ha recibido una extensión temporal de dos semanas.

«Esta es la hora de la verdad para EEUU», advirtió Schumer. «Lo que la nación presenció el sábado en las calles de Mineápolis fue una abominación moral. Debemos trabajar juntos en una legislación sólida que ponga freno a ICE».