Si Juan Francisco Pérez Llorca tiene intención de presentar su Gobierno como nuevo, se encuentra en una encrucijada. Porque, de hecho, los gobiernos nuevos suelen tener los llamados 100 días de gracia. El de Pérez Llorca, en este sentido, no ha tenido ni 100 minutos. Poco más de una semana después de su toma de posesión al completo, la continuidad de la legislatura es absoluta, tanto por parte de la oposición como de sus socios.

Así, el Gobierno de Pérez Llorca ya ha vivido su primera huelga general en el sector de la educación, con un paro convocado por los sindicatos para el profesorado y el personal funcionario del sistema público no universitario, que habría seguido entre el 60% y el 70%, según los organizadores, y el 17%, según la Conselleria de Educación. De la misma manera, se han producido manifestaciones y movilizaciones en las principales ciudades y capitales comarcales. Es la segunda huelga en el sector de la legislatura.

Pero por parte de Vox, el principal apoyo político del Gobierno del PP, tanto ahora con Pérez Llorca como antes con Carlos Mazón, el guion sigue en el mismo sitio que estaba. Así, la formación de extrema derecha ha registrado una batería de medidas, en forma de Proposición No de Ley (PNL) a Les Corts, para exigir el cumplimiento de la agenda ultra en materia de migración pactada con el PP.

Las medidas no son nuevas, tampoco. De hecho, forman parte del bloque de acuerdos de PP con Vox desde el principio de la legislatura, tanto para la investidura de Carlos Mazón, en 2023, como para la aprobación de los presupuestos de 2025, en marzo de este año, que supuso una bocanada de oxígeno para un presidente ya entonces al límite, así como para la investidura de Pérez Llorca como relevo al frente de la Generalitat.

Así pues, el registro de esta iniciativa por parte de Vox se enmarca en una política de marcaje ideológico al Gobierno de Pérez Llorca, cuando apenas ha pasado una semana desde que tomó posesión al completo.

En concreto, las propuestas de Vox siguen el manual básico de la formación de extrema derecha en materia de migración, pero hay que tener en cuenta que la Generalitat no cuenta con competencias en este sector. En este sentido, la ejecución de la propuesta estrella de los ultras para deportaciones masivas de menores no acompañados corresponde al Gobierno estatal.

Ahora bien, Vox ya pactó para los presupuestos de 2025 dos iniciativas por valor de ocho millones de euros para elaborar planes de deportación (ellos se refieren como “retorno”) de migrantes menores de edad y del “fomento del regreso de los inmigrantes a sus países de origen”. La nueva PNL se enmarca, pues, en las mismas exigencias, sin que haya, sin embargo, una fiscalización de qué se ha llevado a cabo hasta la fecha con las dotaciones presupuestarias.

En este sentido, el grupo parlamentario de Vox en Les Corts propone, a través de su iniciativa, que “se proceda a la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves, que no quiera integrarse en la cultura que lo acoge, que intente imponer la suya y que acceda ilegalmente a nuestra nación”, así como “supervisar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de aquellos que la hayan obtenido de manera fraudulenta”. La Generalitat Valenciana no tiene competencias para ejecutar ninguna de las dos acciones.

Después de establecer que “la relación entre el incremento de la inmigración masiva y de la delincuencia es evidente”, Vox también propone que “los centros que atienden a menores extranjeros no acompañados se ubiquen en las afueras de los núcleos urbanos” para evitar, así, según dicen, “tensiones de convivencia y problemas de seguridad”.

Esta agenda ultra sobre los migrantes se incluye en los pactos de PP y Vox, también en el de la reciente investidura de Pérez Llorca, si bien en este caso, a diferencia del previo pacto presupuestario, no hay constancia sobre un papel, puesto que no ha habido tampoco una firma de un pacto escrito.

Ahora bien, en su discurso como candidato, Pérez Llorca utilizó esta misma retórica de criminalización de los migrantes, un tono y unas palabras que, de hecho, Santiago Abascal aplaudió en declaraciones a la prensa desde el Congreso: “Me ha gustado, se ha opuesto con claridad y contundencia al Pacto Verde y al Pacto Migratorio”.

“Si es así, podría ser presidente”, bendijo a continuación Abascal. Los diputados del grupo de Vox en Les Corts, mientras tanto, no hacían valoraciones del discurso de Pérez Llorca ni atendían a la prensa. La negociación se pilotaba al más alto nivel.

El País Valencià, en un contexto en que las relaciones entre PP y Vox están más tensas que nunca, es una excepción. En la política valenciana, PP y Vox se entienden a la perfección. Mientras los desacuerdos entre ambos han forzado elecciones anticipadas en Murcia y podrían hacerlo también en Aragón, por poner dos ejemplos recientes, la negociación para que Pérez Llorca relevara a Carlos Mazón —de quien Vox, por otra parte, había sido el principal apoyo— no tuvieron apenas ruido y casi ni una palabra más alta que otra.