Más allá de las graves implicaciones sociales que tienen los casos que implican al servicio de atención a la infancia de la Generalitat que se han ido conociendo en las últimas semanas, la crisis en toda regla de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) se ha convertido en una bomba de relojería que impacta en la columna vertebral de la política catalana. Ya que, de una u otra forma, salpica a los tres principales partidos catalanes, ERC, Junts y PSC.

Afecta a ambos partidos independentistas porque la gestión de la DGAIA, en el momento en que sucedieron los casos ahora denunciados, estaba bajo su responsabilidad. Y al PSC, porque el Govern actual –comandado por el presidente Salvador Illa– debe hacer frente a las consecuencias, dando todas las explicaciones necesarias y sacando adelante una profunda remodelación de este organismo tras el fiasco de los primeros responsables que situó al frente de la DGAIA.

Los dos casos que han impactado sobre la DGAIA son el de la niña tutelada de 12 años –de la que la Generalitat no tenía la tutela pero sí la guarda–, y las presuntas irregularidades denunciadas por un trabajador que investiga la Oficina Antifraude –y que ya explicó Público–, por el supuesto pago indebido de prestaciones a empresas concertadas que gestionan plazas de acogimiento de menores.

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Obviamente, lo preocupante es la repercusión que estos asuntos tienen desde el punto de vista social, sobre la integridad física de menores custodiados por una institución pública como la Generalitat –unos 8.800 aproximadamente–, y sobre el funcionamiento del servicio. Pero todo indica que éste es también un caso con repercusiones políticas de alto nivel que probablemente marcará la legislatura catalana.

Destitución de la primera dirección del Govern del PSC
De entrada, los polémicos casos se han dado a conocer en medio de la destitución fulminante de la cúpula directiva de la DGAIA que nombró la actual consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo. En el inicio del mandato en agosto de 2024, Martínez Bravo nombró a Isabel Carrasco y Joan Mayoral como directora y subdirector de la DGAIA, en sustitución de los anteriores responsables de la etapa del Govern de ERC. Pero el pasado mes de marzo ya fueron cesados fulminantemente ambos, oficialmente “por falta de confianza” de la consellera, y se nombró a Josep Muñoz Luque como nuevo director.

El impacto político de la crisis de la DGAIA supone un terremoto que ha sacudido al Parlament, por el momento con peticiones de comparecencia de la consellera Martínez Bravo para dar explicaciones, las críticas de la oposición, y el rechazo unánime de todos los partidos a los hechos sucedidos. Pero tendrá también un importante capítulo con la creación de una comisión de investigación sobre el funcionamiento del servicio de protección a la infancia de la Generalitat.

Junts –también el PP– hizo una demanda inicial en este sentido, pero también existe una petición al respecto presentada conjuntamente por el PSC, ERC y Comuns que sitúa la investigación parlamentaria en el periodo comprendido entre el 2011 y la actualidad. Esta última petición es la que con total seguridad saldrá adelante ya que los tres partidos, a diferencia de Junts, tienen mayoría absoluta en el Parlament. Y de hecho, Junts ya se ha mostrado satisfecha de que los tres partidos de izquierdas se hayan sumado a su petición.

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a consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Mónica Martínez Bravo, en el centro, en una reunión el pasado 5 de mayo en Madrid.
Esquerra acumula años al frente de la DGAIA
Del período fijado por la investigación, Esquerra es el partido que ha tenido más años la responsabilidad sobre la DGAIA. Y de hecho, ERC es un partido que ya había estado al frente del organismo y del departamento –entonces bautizado como de Benestar Social– durante los años del tripartito entre 2003 y 2010, con conselleres republicanas como Anna Simó o Carme Capdevila.

En ese momento ya hubo otro caso de gran impacto, el llamado Caso Alba, que provocó grandes cambios en la DGAIA. La institución no retiró la tutela de una niña de cinco años a una familia que le provocó graves daños físicos de por vida con una brutal paliza, pese a las alertas de que las inspecciones habían dado de peligro de maltrato para la niña.

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En cuanto al proceso que ahora investigará el Parlament, arranca en el 2011 con el Govern de CiU, bajo la presidencia de Artur Mas, y con Josep Lluís Cleries primero, y Neus Munté después, como conseller y consellera de Drets Socials. Dos consellers que sólo en este período tuvieron a tres personas al frente del servicio de atención y protección a la infancia durante cinco años.

En primer lugar Anna Solés, entre enero y julio de 2011. Y después sustituida por Josep Lluís Ortuño hasta febrero de 2013. Y ya con Munté al frente de la conselleria, dirigiría la DGAIA Maria Mercè Santmartí. Los tres, obviamente, de la órbita convergente.

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El Govern de CiU ya tuvo que hacer frente al llamado Caso Trinity. Otra gran red pederasta desarticulada en el 2015 en Tortosa que abusó de un centenar de víctimas, siete de ellos menores tutelados por la Generalitat. Se da la paradoja de que una de las personas que formaba parte de los trabajadores de la DGAIA que alertaron del caso es Ester Cabanes, que más tarde sería la directora general del organismo en el momento de la actuación de la red de pederastas desarticulada en el 2024.

El Govern de coalición de CiU y ERC –bajo las siglas de Junts pel Sí–, que presidió Carles Puigdemont, devolvió el Departament de Drets Socials a ERC en el 2016, con la consellera Dolors Bassa al frente. Un periodo convulso, con el Govern inmerso en el procés independentista, que acabaría con la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española tras el referéndum del 1 de octubre del 2017, y con la consellera Bassa en prisión junto a parte del resto del Govern.

En el corto período de esta legislatura de Bassa, la DGAIA nuevamente en manos republicanas tuvo dos directores: Ricard Calvo hasta agosto de 2017, fecha en la que abandonó el cargo salpicado por presuntas irregularidades que no fueron probadas. Con el cese, Calvo volvió a trabajar en la entidad social Plataforma Educativa, que concierta plazas de acogida con la Generalitat, y que, como explicó Público, ahora es una de las investigada por las presuntas irregularidades contables que investiga la Oficina Antifrau. Calvo sería sustituido por la dirigente de ERC, Georgina Oliva, hasta noviembre de 2018.

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Informe de la Sindicatura de Comptes con incidencias
En esta etapa, además, la Sindicatura de Comptes ya emitió un informe en el que cuestionaba diversas incidencias en la gestión de la DGAIA entre 2016 y 2020. Tales como la renovación de contratos con algunas entidades prestadoras de servicios de forma indebida, o un exceso del uso del procedimiento de emergencia en la contratación del servicio. Procedimiento que hace más laxos los controles burocráticos de la adjudicación.

Fuentes de ERC exvinculadas a la DGAIA admiten el uso de estos mecanismos, pero lo justifican: “Hay que recordar que este período coincidió con un incremento notable de la llegada a Catalunya de menores migrantes no acompañados, que era necesario atender con urgencia y no había tiempo material para utilizar los mecanismos de contratación habituales, pero no se hizo nada ilegal”.

Una vez restaurada la Generalitat tras la retirada del 155, todavía pasarían por la conselleria de Drets Socials otros tres consellers hasta la actual consellera Martínez Bravo, del PSC. En 2018, bajo presidencia de Quim Torra (Junts), el dirigente de ERC Chakir el Homrani. En mayo del 2021, bajo presidencia del republicano Pere Aragonès, sería nombrada la dirigente de Junts proveniente de la antigua CDC, Violant Cervera.

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Hasta noviembre de 2022, en que la ruptura de la coalición entre ERC y Junts –y la salida de los de Puigdemont del Govern– dejó el cargo en manos de Carles Campuzano, un veterano dirigente de CDC que ahora forma parte de Esquerra tras rechazar dar el paso a Junts. Se da la paradoja de que, durante toda esta última etapa, la DGAIA estuvo dirigida por Ester Cabanes, que pese a no ser militante de ERC es una persona estrechamente ligada a los republicanos.

Cabanes mantuvo el cargo también durante el año y pico de Junts en la conselleria. Y sería destituida por el nuevo Govern del PSC tras la investidura de Salvador Illa en agosto de 2024. Tal y como ya se ha dicho, su sustituta duraría en el cargo poco más de medio año.

Junts gestiona en los años clave de los polémicos casos
La inestabilidad que puede vislumbrarse en la cronología de cargos, tanto al frente del Departament como aún más de la DGAIA, ya indica la dificultad en la gestión de este organismo extremadamente sensible, en el que no hay casi ningún responsable político que no haya tenido que afrontar alguna fuerte polémica.

Pero los dos casos que han coincidido en el tiempo, en las últimas semanas, forman una tormenta perfecta que han dejado a la DGAIA a los pies de los caballos, y una “profunda preocupación e inquietud” en los partidos implicados, según fuentes de los propios consultadas.

ERC acapara buena parte de la compleja cronología en la gestión de la DGAIA. Y tiene a algunos de sus exdirigentes también al frente de entidades salpicadas por las presuntas irregularidades ahora denunciadas.

Pero Junts también ocupó la dirección de la conselleria –con la consellera Violant Cervera– durante el epicentro de los casos que se están investigando. Puesto que la cuestión de los abusos sexuales a la niña de 12 años por una red pederasta fueron detectados a finales del 2021 por una denuncia a los Mossos. Y las agresiones llevaban meses produciéndose hasta que, finalmente, fueron detectadas por los educadores del centro donde estaba acogida, después de que los objetos de valor con los que volvía la menor al centro dispararan las alarmas.

El jefe de la red no fue detenido hasta junio del 2022 pero fue puesto en libertad, hasta que en la primavera del 2024 fueron detenidas 17 personas y se calcula que los menores agredidos por la red serían de al menos 25 niños. También durante el ejercicio del 2022, en el que la conselleria estuvo en manos de Junts hasta octubre y posteriormente en las de ERC, se habrían producido las principales presuntas irregularidades económicas –que ya explicó Público– denunciadas por un trabajador del servicio e investigadas por Antifrau. Aunque el denunciante también apunta que podría haber otras anteriores.

El PSC hará frente al escándalo con una reestructuración
Respecto al PSC, el de Drets Socials –y la DGAIA– no ha sido un departamento habitualmente en manos de los socialistas. Sólo un pequeño paréntesis del tripartito en 2006 y la actual legislatura de Salvador Illa. Pero obviamente, será la actual consellera Martínez Bravo la responsable de dar todas las explicaciones, investigar a fondo el organismo y enderezar el rumbo con una profunda reforma, según ha anunciado la propia consellera.

Para Martínez Bravo no hay medias tintas en el reconocimiento de la “gravedad” de los hechos: “Hay que asumir una revisión profunda que es evidente desde hace muchos años que esta dirección general necesita”, asegura. Y se compromete en una próxima comparecencia para dar todas las explicaciones y detalles de los casos denunciados y de la situación en la DGAIA.

Por su parte, fuentes de la dirección de ERC admiten “preocupación” e “indignación” por este asunto y según ha podido saber Público el partido está recopilando toda la información y no se descarta que el último exconseller de los republicanos, Carles Campuzano, dé explicaciones públicas sobre los casos denunciados.

Por su parte, la portavoz republicana en el Parlament, Ester Capella, asegura que “uno de los objetivos –de la Comisión del Parlament– debe ser estudiar y analizar cómo debe evolucionar la DGAIA, hacia dónde debe ir e introducir las modificaciones para que mejore sus funciones y finalidades, así como los recursos necesarios para garantizar el derecho de los niños”.

Y en el caso de Junts, la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, exige que “la consellera dé explicaciones en sede parlamentaria y también lo hagan todas las personas que tienen implicación en los hechos denunciados”, además de reclamar la motivación del relevo en la dirección de la DGAIA decretado por el actual Govern del PSC.

El resto de partidos de la oposición que no se han visto involucrados en la gestión de la DGAIA durante estos últimos 14 años cargan duramente por la situación del ente y exigen al actual Gobierno máximas explicaciones y determinación para depurar todas las responsabilidades.