Unas veces fijamente y otras de refilón. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid lleva todo 2025 mirando hacia el aeropuerto de Barajas. Con la pupila clavada en esas más de 400 personas sin hogar que, pese a no haber llegado todas ellas durante este año , se han convertido en uno de los sonrojos del momento. Dando lugar a instantáneas más propias de otros lugares del planeta. Con decenas de seres humanos pasando la noche en unas terminales cuyos suelos de mármol son mullidas superficies para quienes buscan un techo bajo el que cobijarse. Una incómoda situación para las administraciones, que no terminan de saber cuál es su papel exacto en esta crisis. De ahí esos intercambios dialécticos entre el consistorio madrileño, en cuyo término municipal se sitúa esta suerte de campo de refugiados, y Aena/Moncloa, que no llegan a mover ficha hacia uno u otro lado, pese a las amenazas de expulsión o el anuncio de limitaciones de acceso a los recintos.

El caso es que la solución parece bastante lejana. Y la sintonía entre José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y cualquiera de los ministerios implicados Transportes, Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inalcanzable. Mucho más después del ultimátum lanzado por Cibeles el pasado viernes, con un requerimiento a todos esos ministerios para que proporcionen acceso inmediato al Sistema de Acogida de Protección Internacional a las personas que han solicitado asilo y que se encuentran a la espera en centros del Consistorio, como por ejemplo el de Las Caracolas, en Villa de Vallecas. Una situación que entronca con la realidad de Barajas donde, más allá del mayor o menor número de solicitantes de asilo a la espera, llegan, según el Ayuntamiento, algunos de quienes no tienen acceso a las plazas de emergencia por esa saturación.

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Redacción:LUIS F. DURÁN Madrid
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«Si el Gobierno no tramita más salidas, el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas», lamentan, recordando que la estancia media en los centros de emergencia social (630 plazas, de las que 380 son para solicitantes de asilo) asciende a 131 días, habiendo casos de hasta 290. El órdago municipal a Moncloa en forma de requerimiento tiene un plazo de un mes. Una vez cumplido, presentará la correspondiente demanda por vía judicial. «Nosotros no fumigamos, acogemos. Estamos en la solución», pronunciaba ayer Almeida, que ha agarrado con fuerza la bandera de Barajas en las últimas semanas. Mucho más, desde la puesta en escena del presidente de Aena, Maurici Lucena, a quien acusó de no poner en marcha ese censo prometido de quienes no tienen más remedio que pasar la noche en alguna de las terminales del aeropuerto. «Exigimos inmediatamente a Aena que ponga a disposición del Ayuntamiento el censo de las 400 personas. Exigimos que ponga en marcha un plan de acción social conjunto que abarque todas las realidades de estas personas», demandaba Almeida.

Comparativa con El Prat de Barcelona
Ese censo o filiación de las personas que viven o duermen allí es una de las principales peticiones del Ayuntamiento «para poder ofrecer soluciones individualizadas» según la administración competente. Y consideran que debe ser Aena, la responsable de la infraestructura, quien lo realice. «¿Por qué el diputado de Aena (Lucena) actúa más como diputado del PSC que como presidente de la empresa?», añadía en su ataque el regidor madrileño, recordando que en El Prat de Barcelona sí se efectuó ese censo reclamado. Según informan desde Cibeles, los Equipos de Calle atendieron a 94 personas en Barajas durante el mes de abril, de las que 12 abandonaron el reciento para acceder a recursos municipales.

Sin embargo, la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, señalaba ayer a Almeida por esa realidad, proponiendo que se abran los recursos que el Consistorio destina a la campaña del frío, ahora cerrados, que ascienden a más de 430 plazas. «Insto al Gobierno municipal a que ponga esas plazas a disposición de quienes están ahora en Barajas y a que deje de usarlas como mercancía. Es una vergüenza que se judicialice algo que tiene que ver con la dignidad de las personas», sostenía Maroto.

La cuenta atrás de ese ultimátum municipal al Gobierno ya ha comenzado, mientras en el aeropuerto madrileño no cesan las fumigaciones por insectos ni las quejas de los trabajadores. Mientras decenas de personas sin hogar siguen suspirando cada noche por un rincón en la terminal. Eso es lo realmente grave.