Diez días se cumplen hoy desde que el PP anunció que celebrará su congreso este verano. Diez días en los que los dirigentes del partido, en público y en privado, por activa y por pasiva, vienen insistiendo en que su redefinición ideológica no esquivará los debates incómodos. No temen dicen reavivar las diferencias internas. Sin embargo, la primera de esas materias delicadas ha saltado a la palestra antes de tiempo, sin que los populares pudieran ratificar si iban o no a pronunciarse sobre ella. Ahora, quedan forzados a hacerlo.

El PSOE parece ahora dispuesto a impulsar la regularización de más de medio millón de inmigrantes, desbloqueando una norma que lleva más de un año encallada en el Congreso. La aprobación de esta Iniciativa Legislativa Popular no era una apuesta prioritaria de los socialistas, pero la entrada en vigor ayer del nuevo reglamento de Extranjería abre unos agujeros que el PSOE ve necesario cubrir. Así, los socialistas han decidido levantar la mano y han iniciado la negociación de las enmiendas con el resto de grupos.

En abril del año pasado, el Pleno del Congreso admitió a trámite esta norma con el voto a favor de PSOE y PP. Los primeros lo hicieron por la presión de las 700.000 personas que respaldaban la iniciativa; los segundos, porque Cáritas y varios sectores de la Iglesia les instaron a dar ese paso. Sin embargo, el movimiento del Gobierno al desbloquear ahora la negociación pone en un apuro a los populares en vísperas de su congreso: en plena reformulación de su ideario, deberán pronunciarse sobre una materia en la que la presión de las instituciones eclesiásticas por un lado, y de Vox por el otro, les pone en una posición delicada. Lo que decidan, inevitablemente, será indicativo del rumbo ideológico del nuevo PP.

Si Alberto Núñez Feijóo visualiza su congreso “en clave electoral”, la letra pequeña de su ponencia política será determinante para intuir dónde fija el PP sus líneas rojas de cara a futuros acuerdos con Vox. La política migratoria, que Santiago Abascal ha convertido en su lucha por excelencia, será uno de esos asuntos cruciales que el PP no podrá evitar.

En los últimos meses, la negociación presupuestaria en las autonomías ha llevado a varios barones populares a escorarse a la derecha en sus postulados, rechazando, por ejemplo, acoger a los menores migrantes que permanecen hacinados en Canarias. Ayer mismo, el PP apoyó en la Comisión de Juventud del Congreso una iniciativa de Vox que proponía hacer pruebas periciales a los menores migrantes tutelados para determinar su edad, una reclamación con la que los de Abascal venían presionando al PP en los últimos meses. Vox ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en su exigencia principal, con la que debían comulgar los populares si querían cerrar algún acuerdo. Así, apoyar la regularización que impulsa ahora el Gobierno ampliaría la brecha entre ambos partidos. Al contrario, rechazar la norma facilitaría el acercamiento entre Feijóo y Abascal.

Sin embargo, el margen de maniobra del PP viene limitado, por el otro lado, por la presión de la Iglesia y organizaciones como Cáritas, favorables a regularizar a las personas sin papeles que llevan años viviendo en España. El empuje de este sector es el principal argumento que mantiene a los populares en la negociación.

En el PP evitaron ayer posicionarse de forma rotunda, aunque aseguraron que no darán un “cheque en blanco” al PSOE en esta materia. Miguel Tellado denunció que los socialistas no habían tenido en cuenta ninguna de sus enmiendas al texto original: que los migrantes acrediten la ausencia de antecedentes penales, que hayan realizado algún trabajo aquí… Pero, si el PSOE se abre a negociarlas, el argumento no servirá.