El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios una nueva regularización para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del 2024. El Ejecutivo toma como base una iniciativa legislativa popular (IPL), presentada el 9 de abril del 2024 y con 600.000 firmas de apoyo, que todos los grupos del Congreso, menos Vox, apoyaron en abril del año pasado, que ha estado paralizada trece meses y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para permitir la regularización de quienes se queden fuera del Reglamento de Extranjería, que este martes entra en vigor.

El nuevo texto del Gobierno propone un «régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo» y plantea la fecha del 31 de diciembre del año pasado para la llegada de los inmigrantes que quieran legalizar su situación, aunque se abre a negociarla durante el proceso parlamentario.Los beneficiarios deben cumplir ciertas condiciones, como no tener antecedentes penales, demostrar su estancia en España o acreditar su situación de vulnerabilidad, según el borrador del documento.

La propuesta del Ejecutivo se marca como objetivo cubrir las carencias del nuevo Reglamento de Extranjería, que desde hoy abre la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en España, aunque según las organizaciones sociales, deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados.
Las oenegés criticaban que el Reglamento de Extranjería perjudicaba a los solicitantes de asilo, ya que si sus peticiones son rechazadas deberán pasar entre seis meses y dos años en situación irregular para poder ser regularizados. También los jóvenes migrantes tutelados y extutelados ven cómo sus condiciones para conseguir la regularización se endurecen.

El Reglamento de Extranjería fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento de Inclusión, el pasado 19 de noviembre y busca adecuar la norma a la situación migratoria actual, satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes y hacer frente al reto demográfico español.

El reglamento establece cinco modalidades de arraigo a las que se podrán acoger los inmigrantes para solicitar su regularización: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, una modalidad dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por alguna razón.

También reduce el tiempo exigido de permanencia en España para acceder al arraigo de tres a dos años para acceder a esta condición, flexibiliza los requisitos que se deben cumplir, y permite contabilizar tanto el trabajo por cuenta ajena como por propia desde el primer momento. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año (salvo la familiar, que llegará a los cinco) y las renovaciones, de cuatro.

El documento que entra hoy en vigor «representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España», afirmó la ministra de Inclusión, Elma Sáiz, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. «Aporta seguridad jurídica y simplifica trámites y protege derechos, pero además, ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus familias», subrayó.

En la misma línea que las oenegés, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, avisó de que los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores». En el informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados, registrado en las Cortes Generales, Gabilondo considera que los menores migrantes tienen que hacer frente a complejas prácticas administrativas que dificultan su integración.