El PSOE ha desbloqueado en el Congreso la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización de más de medio millón de inmigrantes que viven en España desde hace años pero que no tienen papeles. La propuesta, que llegó a la Cámara gracias a 700.000 firmas ciudadanas, fue admitida a trámite hace 13 meses con el voto de todos los partidos excepto Vox, pero ha permanecido encallada hasta ahora, cuando los socialistas han decidido levantar la mano y han dado el paso definitivo para abrir una negociación de las enmiendas con el resto de grupos parlamentarios.

La propuesta plantea la regularización de los migrantes hasta el 31 de diciembre de 2024, sin embargo, el sector del Gobierno que representa Sumar reclama que se amplíe este plazo y las condiciones para su acceso para que sean muchas más las personas beneficiadas. Éste es uno de los frentes que se abrirá ahora en esta negociación entre los grupos.

Las diferencias entre los partidos de izquierdas y derechas en el Congreso, más la tibieza mostrada por el PSOE a juicio de otros partidos, había dejado varada la ILP durante este largo año a golpe de ir prorrogando una y otra vez los plazos de enmiendas. Sin embargo, ahora el PSOE ha impulsado que la tramitación avance a expensas de ver qué posiciones adoptan partidos como PNV y sobre todo Junts para garantizar su aprobación final.

El contenido de la regularización
Así, a nivel de contenido, el tira y afloja se sitúa ahora en la fecha de llegada de los inmigrantes a España. El Gobierno quiere que se regularice todo lo previo al 31 de diciembre, mientras que según varias de las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular la intención de otros grupos políticos es marcar una fecha previa.

Otro escollo es determinar qué documentos servirán para acreditar la posibilidad de acceder a la regularización. Según ha sabido este periódico, el Gobierno ha medido de forma muy meticulosa el proceso de regularización al que han accedido los inmigrantes afectados por la dana del año pasado en Valencia, para el que los trámites se simplificaron totalmente.

Para acceder a ella, los ciudadanos sólo debían presentar un padrón y un certificado de penales, y gracias a esta simplificación de requisitos se ha regularizado exprés a hasta 27.000 personas afectadas por las inundaciones en tiempo récord.

La Iniciativa partió de 900 organizaciones, de un amplísimo arco ideológico, y durante meses sus principales impulsores daban por sentado que el PSOE la apoyaba “de forma poco sólida, un poco de perfil y de cara a la galería, porque en realidad no había sido idea suya”.

Todo cambió al observarse los agujeros previstos en el nuevo reglamento de Extranjería, y más allá de eso la necesidad de mano de obra poco cualificada en España. Según Funcas, desde 2022, un 40% de los nuevos empleados por el sistema productivo español son inmigrantes. El tejido empresarial necesita la mano de obra que los españoles no quieren dar, y en sitios en los que no quieren darla.

¿Apoyo en el Congreso?
La clave será ahora parlamentaria. El PP, reticente desde un principio a apoyar la regularización por poner al partido en un brete ideológico, entre la realidad de la necesidad de económica y el empuje populista anti inmigratorio de Vox, deberá gestionar esa presión junto a otra que le afecta de lleno: la de la Iglesia, que a través de Cáritas y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario impulsó la ILP.

El apoyo del PP a la iniciativa, siquiera pasivo con su abstención, parece esencial para que salga adelante, toda vez que la posición de Junts, necesaria para la mayoría de Gobierno, podría o bien depender de los contrapesos coyunturales del momento de la tramitación, o de la presión xenófoba de Alianza Catalana, que ha obligado a los de Puigdemont a escorarse notablemente a la derecha.

Por su parte, desde Sumar, la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha celebrado “el cambio de posición del PSOE” sobre la regularización de estos migrantes y que con el desbloqueo se vaya a proceder “por fin” a una negociación más a fondo. En este sentido, ha avanzado que el texto “parece que concita bastantes acuerdos en global” aunque ha matizado que aún hay dos grandes cuestiones que les “preocupan”.

En concreto, ha apuntado a la cuestión del plazo temporal para delimitar quiénes y cuántos migrantes pueden acogerse a ese proceso de regularización para tener papeles. La propuesta del 31 de diciembre de 2024 se queda “muy lejos” para Sumar, que reivindica que el plazo sea el de “entrada en vigor”. De igual modo que beneficie a “todas las persona descritas en la norma”.

En segundo lugar, Barbero ha citado como otra preocupación la “orientación” que se dará en el reglamento que culminaría la regularización. “Nosotras queremos que el texto de la ILP sea lo más amplio posible para que pueda abarcar al mayor número de personas y de criterios y requisitos posibles”, ha dicho. Y ese reglamento, ha recalcado, no puede esperar los seis meses de plazo que maneja la propuesta, sino que tendría que estar en “dos”. Sumar considera que en ese plazo sería más que suficiente.

Barbero ha señalado que el reglamento debe conseguir no sólo que se regularicen “esas 600.000 personas” sino que también tiene que servir para “aclarar la situación” de algunas otras que han quedado “desprotegidas” por las reformas de la Ley de Extranjería. Es por eso que ha enfatizado la importancia de que haya “amplitud de criterios”.

Podemos teme la “excusa” de Junts
Desde Podemos, Ione Belarra ha recalcado que el partido morado no tiene ahora mismo abierta “ninguna negociación” con el Ejecutivo y ha advertido al PSOE de que no utilice “a Juntos o el PNV como excusa” para no llevar a cabo esa regularización.

La dirigente de Podemos desconfía de la jugada de los socialistas, por eso ha instado a Pedro Sánchez a que si de verdad está por la labor de dar esos papeles, que no espere a conseguir los votos en el Congreso cuando “mañana mismo” podría aprobar un real decreto “como hizo Zapatero”.

En todo caso, Belarra ha destacado que “ya era hora” de que el Gobierno se decidiera a sacar de la “excepcionalidad democrática” a los inmigrantes sin papeles porque ahora mismo estaban siendo víctimas en muchos casos de explotación laboral o vulneración de derechos humanos. Especialmente en el trabajo en el campo o en el hogar.