El PP y Vox siguen con su indestructible unidad de acción en las Corts Valencianes. Siguiendo la hoja de ruta marcada en la ley de acompañamiento donde los dos grupos parlamentarios conservadores votaron todo de forma conjunta, en la primera jornada del debate de las enmiendas a los Presupuestos de 2025 celebrada ayer en el Parlamento autonómico, ambos partidos mantuvieron la misma estrategia. Los populares votaron todo lo que Vox había presentado y viceversa. En las cuestiones donde había algunas desavenencias se llegó a un acuerdo y se transaccionó un texto que dejaba satisfechos a unos y a otros.

Esta manera de actuar le ha dado la oportunidad al PP de matizar algunas de las propuestas más polémicas de sus únicos socios que tiene en el Hemiciclo, aunque el trámite de enmiendas está demostrando que los de Abascal siguen marcando el paso al lograr cambios tan simbólicos como el hecho de no hablar de víctimas de violencia de género sino de “víctimas de violencia sobre la mujer”.

Aun así, en esta negociación los populares han logrado que no haya una partida de 5,5 millones destinada directamente, como pedía Vox, a fomentar “el regreso de ex menores tutelados a su continente de origen mediante esquemas de cooperación triangular y financiación reembolsable para el desarrollo”. Una propuesta sobre las que existían muchas dudas legales y competencialesm como puso de relieve la ex consellera de Justicia y Administraciones Públicas Elisa Núñez que abandonó Vox tras romperse el gobierno autonómico. “Destinar 5,5 millones de un presupuesto autonómico a ese fin, para mí, no tiene ningún sentido. Y no lo tiene porque la comunidad autónoma únicamente tiene competencias sobre ellos mientras son menores de edad”, explicaba en una entrevista en La Vanguardia.

De hecho, esta enmienda finalmente quedó redactada de forma que el dinero se dedica no a fomentar el regreso de los migrantes sino “a integrar a los jóvenes mediante nuevas oportunidades sociolaborales en los países de origen” sin mención alguna al hecho de fomentar el regreso de los menores al cumplir los 18.

Un cambio evidente en la redacción de la enmienda transaccional, tras pasar el filtro de la negociación, que según el portavoz adjunto de Vox, David García, no supone una modificación del objetivo de su formación que no es otro “que los menores estén en sus hogares, que se queden allí y contribuyan a hacer grande su sociedad”. Vox argumenta que, con la nueva redacción, se sobreentiende que lo que hay que conseguir es que los migrantes vuelvan a su país de origen.

No ha sido el único deseo de Vox que parece haber chocado con la legalidad vigente. La formación de derecha extrema ha tenido que retirar una enmienda, antes incluso del debate, que exigía que “cualquier modificación presupuestaria, incluidas las modificaciones entre capítulos y las de dentro del mismo capítulo” que realizara la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tuviera que ser autorizada por la Generalitat. Una situación que para el síndic del PP en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, podría ir en contra de la autonomía de un ente estatutario como la AVL. Eso no quita, señaló Llorca, que los recortes presentados por Vox sobre los fondos que recibirá la institución académica no se vayan a aprobar. Ya el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en otra entrevista en este periódico dio a entender que los cambios propuestos por sus socios y las rebajas de las partidas para la AVL eran adecuadas.

Otras de las cuestiones que se transaccionaron en el día de ayer fue la propuesta del grupo parlamentario que dirige José María Llanos que pretendía quitarle 250.000 euros a la FAGA (la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas) para destinar ese dinero a ayudas para las víctimas de la ocupación. Una enmienda que relacionaba la problemática de la ocupación de viviendas con un colectivo ya de por sí estigmatizado. Ahora, este dinero para la nueva oficina antiokupación saldrá del Plan Conviure.

También se ha matizado el recorte de 25.000 euros a la Confederación Empresarial Valenciana CEV. La rebaja de fondos se mantiene pero su destino se modifica y el dinero será el programa para la elaboración e implementación de los planes de igualdad de oportunidades. Es posible que la patronal incluso pueda optar a esas ayudas.

Otras de las cuestiones pactadas por PP y Vox es una transaccional que pide que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no sea el beneficiario de una línea específica sino que esta se abra a otros proyectos de cooperación internacional y técnica que incluyan también a residentes en la Comunidad Valenciana.