La ambiciosa agenda anti inmigrante del presidente Donald Trump ya se ha topado con el primer escollo legal. Un juez federal de Seattle, nombrado por el ex presidente Ronald Reagan para el cargo, ha decidido bloquear temporalmente la orden ejecutiva firmada por el republicano para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus migratorio de los padres, una decisión que el magistrado, John C. Coughenour, consideró “manifiestamente inconstitucional”.

La decisión del juez llega tres días después de que Trump asumiera el cargo para un segundo mandato en la Casa Blanca y tras la demanda de 22 Estados sobre un derecho que consideran innegociable. Coughenour, de momento, le ha dado la razón a cuatro de esos Estados, Arizona, Illinois, Washington y Oregon, que argumentaron que ese derecho a la ciudadania por nacimiento está recogido en la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense y ratificada por el Tribunal Supremo.

La orden de Trump se produjo horas después de jurar el cargo de presidente, firmando un documento que impide que los hijos de padres indocumentados puedan obtener la ciudadanía estadounidense por el mero hecho de haber nacido en suelo patrio, en una medida destinada a frenar los cruces de indocumentados en la frontera. La medida afecta también a los hijos de madres que están en el país de forma temporal, como estudiantes universitarios, trabajadores temporales o turistas.

En total se han presentado seis demandas, entre las de los Estados, grupos de activistas y mujeres embarazadas. Argumentan que la orden ejecutiva afectaría a más de 150.000 niños al año, privándoles de un derecho fundamental, además de un buen número de programas de ayuda federal y estatal. En la demanda citaron el testimonio del entonces asistente del fiscal general, Walter Dellinger, que en 1995 argumentó ante el Congreso sobre el carácter inconstitucional de la medida y por lo contrario a la tradición de Estados Unidos, que la implementó con la idea de atraer a más inmigrantes.

El juez de Seattle explicó que en sus cuatro décadas ejerciendo la magistratura no podía recordar “un caso que estuviera tan claro como éste”. Coughenour cuestionó al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shunake, si la orden le parecía constitucional. “Sí, creemos que lo es”, contestó el letrado. “Me cuesta entender cómo un miembro del Colegio de Abogados puede afirmar de manera inequívoca que se trata de una orden constitucional. Me resulta confuso”, replicó el juez.

La decisión de Coughenour abre un nuevo interrogante sobre el futuro de esa ley y las implicaciones que pueda tener para miles de familias en Estados Unidos. Trump pretendía que la orden ejecutiva comenzara a aplicarse a partir del 19 de febrero, 30 días después de firmar el decreto.