Un juez federal ha bloqueado este jueves temporalmente la orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, de acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, lo que supone el primer revés en los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.

El magistrado del distrito federal John C. Coughenour, en Seattle, ha dictaminado que la orden es claramente «inconstitucional», según declaraciones recogidas por la cadena ABC News.

«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», ha afirmado Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).

La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El decreto de Trump –firmado por el republicano horas después de asumir la presidencia el lunes– dictamina que las personas nacidas en EEUU de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal» –como una visa de trabajo– no podrán obtener la ciudadanía.

En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

En total, 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron el martes una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. En un primer momento 18 estados interpusieron su denuncia el martes y ese mismo día otros cuatro estados pidieron a la Corte federal que su orden no fuera aplicada.

La decisión de Coughenour está relacionada con esos últimos cuatro estados y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalla el diario ‘The Seattle Times’.

Advertencia de once fiscales

Por otro lado, los fiscales generales de once estados han advertido a Trump de que no permitirán que su administración utilice recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.

«Si bien el Gobierno federal puede usar sus propios recursos para hacer cumplir la ley federal de migración, los tribunales dictaminaron en la decisión Printz contra Estados Unidos que el Ejecutivo no puede ‘incorporar a su servicio y sin coste ninguno a agentes de Policía de 50 estados’», reza el escrito.

El texto resalta que «el presidente no puede reescribir unilateralmente la Constitución. Este equilibrio de poderes entre el Gobierno federal y los estados es una piedra angular del sistema estadounidense federal», añaden.

La declaración, publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está apoyada por los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo Mexico, Rhode Island y Vermont.

«El presidente ha hecho amenazas preocupantes de que utilizará la autoridad y los recursos del Departamento de Justicia de Estados Unidos como arma para atacar a funcionarios públicos que actúen de conformidad con sus leyes estatales», agregan.

Tom Homan ha sido designado como responsable de política migratoria. El conocido como «zar de la frontera» es considerado el ideólogo detrás de la separación de miles de niños de sus familias en el primer Gobierno de Trump. Homan señaló a la cadena Fox News el miércoles que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo un total de 308 arrestos el martes.