La presión migratoria no cesa en el Archipiélago. Durante la primera quincena de 2025 han arribado en las costas canarias 3.223 migrantes. Si los índices se mantienen durante todo el ejercicio, las previsiones cuando finalice este año son dramáticas, pudiendo llegar a Canarias alrededor de 70.000 personas procedentes del continente africano, principalmente. Un escenario que podría romper por completo los servicios de acogida canarios, y más aún si la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería tampoco llega a concretarse pronto.
El escenario, que inicialmente se manejaba como algo excepcional, ha desbordado los recursos de la autonomía. La situación de Canarias, con los antecedentes del pasado año, es que se vaya agravando a lo largo del presente ejercicio. La ruta atlántica, considerada la más mortífera, costó la vida a 9.757 personas en 2024 y 131 desaparecidas, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras.

Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural o una novedad propia de las Islas sino que, con mayor o menor intensidad, han estado siempre presentes en su historia. Sin embargo, la magnitud adquirida por el fenómeno migratorio desde principios del siglo XXI ha provocado una situación “insostenible” y “crítica” en un territorio tan limitado como el insular. Además, según las previsiones que maneja la propia Unión Europea (UE), en los próximos meses se registrará un incremento de salidas de embarcaciones desde África “importante”.
Ya el pasado ejercicio llegaron a las Islas 46.843 migrantes, superando las cifras del 2023, cuando arribaron 39.910 personas; y las del 2006, con la llamada ‘crisis de los cayucos’, anotando 31.678 ciudadanos africanos. El viaje desde África Occidental a Canarias es una de las rutas más peligrosas para los emigrados, sobre todo porque suelen navegar en simples botes de pesca que son fácilmente zarandeados por las poderosas corrientes atlánticas. Esta sigue siendo la dura realidad de muchos de los cayucos que salen de África y de cientos de jóvenes que se embarcan en la costa africana rumbo a España en busca de lo que creen que es el sueño europeo. Sin embargo, la realidad es bien distinta.
Salir del propio país como se pueda, asumiendo todo tipo de riesgos, adentrarse en el océano, exponerse a la muerte misma, es algo que siguen haciendo miles de personas del Sur global. Aunque las fronteras europeas cada vez sean más sólidas y la posibilidad de atravesarlas más esquivas, las personas lo siguen intentando. Desde el pasado verano, cada vez son más los ciudadanos africanos que prueban su suerte por la ruta del Atlántico. Así lo destaca también el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que señala que la inseguridad en esos países “está exacerbando una situación humanitaria ya de por sí extremadamente grave”.
El acuerdo para la modificación de la ley de extranjería sigue sin concentrarse

Las estadísticas ponen negro sobre blanco que la Ruta Canaria es la vía más utilizada para la entrada ilegal en Europa. A esto hay que sumar que las previsiones para los próximos meses no son de mejoría, porque aunque históricamente la segunda mitad de año es la que más migrantes trae a Canarias, la primera no ha reducido significativamente los índices con respecto al pasado ejercicio durante estos primeros quince días de enero. Además, las escasas políticas promovidas para la reducción de nuevos arribos y las broncas desatadas entre las diferentes fuerzas políticas nacionales y regionales hacen prever que la situación no va a cambiar en el corto plazo.

Con la capacidad de acogida de la autonomía desbordada, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, sigue reclamando un cambio legislativo que permita la derivación de los menores migrantes con plenas garantías a otros territorios del país. “Canarias no puede aguantar más en solitario toda la presión migratoria en el sur de Europa, con casi seis mil menores que llevan muchos meses esperando una respuesta por parte del Estado”. En este sentido, el nacionalista sigue poniendo el foco sobre la necesidad de que los principales partidos PSOE y PP alcancen un acuerdo de Estado en colaboración con las comunidades autónomas. Sin embargo, por el momento las fichas del tablero se mueven lentamente y con escasa repercusión, salvo para alentar debates políticos, pero de escasa acción.

El Gobierno nacional propuso, junto con el canario, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de repartir a los menores migrantes no acompañados de forma obligatoria por las comunidades autónomas pero el Congreso rechazó en julio su toma en consideración, con el PP, Junts y Vox en contra. Desde entonces, el Ejecutivo trata de alcanzar un acuerdo con los ‘populares’ y catalanes para dar una solución a los niños y a los territorios con sobresaturación, aunque sin éxito.

Las reuniones se siguen manteniendo, pero hasta el momento ha imperado la discusión y los escasos movimientos en un tablero de ajedrez que sigue con todas sus fichas en posición defensiva. Mientras tanto, el escenario migratorio en el Archipiélago se recrudece día a día y los migrantes continúan saliendo de sus países asumiendo todo tipo de riesgos, adentrándose en el océano y exponiéndose a la muerte misma.