La cumbre sobre migración entre el Gobierno alemán, representantes de los Estados federados y la oposición conservadora finalizó este martes sin resultados tras la ruptura de las conversaciones por parte de los partidos de la Unión, cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU), que consideran insuficientes las medidas propuestas por el tripartito que dirige el canciller, Olaf Scholz, para frenar la inmigración ilegal. Thorsten Frei, secretario de organización parlamentaria de la Unión, criticó que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal no apuntan a un rechazo sistemático de los migrantes ilegales en las fronteras nacionales, sino a una aceleración de los procedimientos de concesión de asilo.

El Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales «ha capitulado ante el reto de la migración irregular, es incapaz de actuar y carece de liderazgo», escribió poco después en la plataforma X Friedrich Merz, presidente de la CDU y líder de la oposición parlamentaria en el Bundestag. «El Ejecutivo federal está desesperadamente dividido y no es capaz de ponerse de acuerdo sobre medidas eficaces», añadió. Antes de la reunión los conservadores habían puesto como condición para su respaldo al equipo de gobierno amplias medidas para rechazar a los migrantes ilegales en todas las fronteras alemanas.

Círculos gubernamentales en Berlín señalaron que durante la cita la ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, propuso que la Policía Federal investigara las entradas ilegales a Alemania y comprobara, cuando la persona solicitara asilo, si otro país de la UE debía haber gestionado esa petición, al haber transitado por otro Estado comunitario, además de interrogar al interesado. Esta gestión se haría con ayuda del banco de datos para identificación Eurodac. Seguidamente los agentes tendrían que reclamar ante un juez prisión preventiva para el sospechoso, pero siempre contando con la existencia de capacidades para ese encarcelamiento.

Más poder para la Policía Federal
En un siguiente paso, la Oficina Federal para Migración y Refugiados (Bamf) podría poner en marcha un procedimiento de urgencia para devolver al migrante ilegal al país por el que accedió a la UE en base a la llamada normativa de Dublín. En caso de que el encarcelamiento preventivo fuera imposible por falta de capacidades, al interesado se le obligaría a residir temporalmente en un centro de refugiados concreto. La única novedad en la propuesta de Faeser es el papel que adjudica a la Policía Federal. Hasta ahora las deportaciones de migrantes ilegales son asunto de los Estados federados, a los que el cuerpo policial solo ayuda en su ejecución. La iniciativa contempla que esas fuerzas de seguridad acompañen todo el proceso y asuman la responsabilidad de la expulsión.

Resistencia ante los planes para rechazar migrantes en las mismas fronteras existe también en los países vecinos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, criticó este martes duramente la iniciativa de Berlín, que calificó de «inaceptable», y anunció «consultas urgentes» con otros «vecinos de Alemania» que se verían afectados por la iniciativa. También Austria ha expresado su absoluto rechazo. La república alpina «no recibirá a persona alguna que sea devuelta por Alemania», afirmó el ministro de Interior austríaco, Gerhard Karner, quien comunicó haber ordenado a la Policía Federal de su país no aceptar ni una sola devolución.

Karner se remitió al derecho europeo que prohíbe la devolución en la frontera de aquellas personas que solicitan formalmente asilo en Alemania. Si existen indicios de que la gestión de esa petición debe ser realizada por otro país de la UE en base a la normativa de Dublín, se debe iniciar «un procedimiento oficial de consulta», añadió el ministro austríaco, quien comentó que la expulsión no se puede llevar a cabo si el Estado comunitario afectado no lo acepta.

Polonia tachó la iniciativa del Ejecutivo de Scholz de «inaceptable» y Austria avisó de que «no recibirá a persona alguna que sea devuelta por Alemania»
El Gobierno federal alemán se encuentra bajo presión extrema para resolver el problema de la migración ilegal tras los comicios regionales celebrados recientemente, donde la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD) se convirtió en primera fuerza política en el Estado federado de Turingia y estuvo a punto de hacerlo en el de Sajonia con una campaña centrada en el rechazo de refugiados y migrantes irregulares. Varios atentados islamistas llevados a cabo en las últimas semanas, entre ellos el de Solingen, con tres muertos a manos de un peticionario de asilo sirio, no han hecho sino aumentar aún más las críticas contra el Ejecutivo de Scholz.