El Tribunal Supremo ha aguado una de las vías que el Gobierno Vasco contemplaba para aliviar la falta de médicos en Osakidetza mediante la contratación de profesionales extranjeros. Hasta ahora, el principal escollo era la eterna burocracia con la que se encuentran los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea para que sus titulaciones fueran homologadas por el Ministerio de Educación. El trámite se demoraba años. Sin embargo, desde el pasado día 1, la convalidación podía realizarse en el País Vasco, toda vez que esta materia fue transferida por el Gobierno central a Euskadi en vísperas de las elecciones autonómicas. Sin embargo, ahora el alto tribunal ha suspendido cautelarmente esta opción, a solicitud de varios colegios profesionales que han recurrido la medida al considerar discriminatorio que la homologación pueda resultar más fácil en unos lugares que en otros. El frenazo judicial afecta igualmente a las empresas que tratan de incorporar el talento extranjero que no encuentran aquí. Esta solución ahora queda en el aire.

El traspaso de esta competencia junto a la acogida de refugiados y el servicio de Cercanías se formalizó el pasado marzo, pero entró en vigor el primero de este mes con el objetivo de agilizar la burocracia en esta materia. Lo habitual es que este procedimiento de homologación se demorara un mínimo de entre uno y dos años desde que el interesado lo solicitaba formalmente al Ministerio de Educación, y Euskadi confiaba en agilizar estos trámites. Fuentes del departamento vasco de Educación estimaban realizar unos 2.455 expedientes al año. O incluso más.

Casi 200 expedientes
Los consejos generales de colegios profesionales como los de médicos y dentistas, recurrieron la facultad que asumía Euskadi para reconocer titulaciones, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha resuelto suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasaba a la CAV la declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español. La resolución argumenta que «la variedad creciente de titulaciones y la extraordinaria movilidad que se produce en nuestros días, en que cada vez más españoles estudian en el extranjero y más extranjeros aspiran a la homologación o al reconocimiento en España de los títulos universitarios obtenidos en sus países o en otros distintos del nuestro, aconsejan extremar todas las cautelas, en particular, las encaminadas a asegurar que se observan pautas homogéneas en la aplicación de las disposiciones generales vigentes».

En las menos de cuatro semanas transcurridas desde el 1 de julio, el Gobierno Vasco ha recibido cerca de 200 solicitudes de convalidación, para las que ahora se abre una perspectiva incierta. El Supremo, sin embargo, considera que su suspensión cautelar tendrá «muy escasa incidencia» porque las primeras resoluciones no se esperaban al menos hasta dentro de diez meses, por lo que «antes de llegar a ese momento, ya habremos dictado sentencia». En este sentido, matiza que en el caso de que esta se desestimatoria, no se habrá obstaculizado en exceso el ejercicio de las funciones traspasadas; y si el fallo fuera estimatorio, no se habrá dado lugar a la adopción de decisiones que no deberían corresponder al Gobierno Vasco, que, lógicamente, se ha opuesto esta medida cautelar.

El auto añade que el Estado debe preservar que la actuación en materia de homologación de titulaciones universitarias debe ser «homogénea» en todo el territorio estatal. Y «es tan delicada esta materia, posee una dimensión transversal tan acusada, y comporta repercusiones sociales y económicas tan intensas y extensas, que toda prudencia es poca a la hora de prevenir la disparidad de criterios que, si ya existe cuando es una sola la Administración actuante, por fuerza ha de acentuarse cuando se suma otra».

Eso sí, el alto tribunal matiza que no se está presumiendo «una actuación indebida de la Administración vasca, del mismo modo que en ningún momento se ha presumido que lo haya sido la observada por la Administración General del Estado y, sin embargo, no son pocas las ocasiones en que han prosperado recursos contra sus decisiones».

Un requisito indispensable
La homologación es un requisito indispensable para que titulados de países no europeos puedan ejercer su profesión en España. En 2023, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recibió 53.044 peticiones de homologación y equivalencia. Mientras se resuelven sus expedientes, los solicitantes trabajan en lo que pueden y procuran armarse de paciencia. La tramitación es exasperantemente lenta porque la Administración no da abasto. El traspaso de esta competencia a Euskadi pretendía aligerar la carga que soporta Madrid. Es la nueva consejería de Ciencia, Universidades e Innovación la que debía resolver las solicitudes que se presenten.

El proceso arrancó ya con dudas el pasado día 1. Las solicitudes de homologación presentadas en el ministerio con anterioridad a esa fecha debían continuar su tramitación por esa vía. El Gobierno Vasco se haría cargo de las que se presenten después. Quienes deseen validar su título en Euskadi deben estar empadronados en el País Vasco y no tener abierto en España ningún expediente de homologación. En esta última condición es donde se presenta un primer problema, ya que los ritmos del Ministerio son tan lentos que incluso retirar una solicitud puede llevar años. Mientras tanto, el único documento que puede esgrimir el titulado para demostrar que cumple la condición es un papel que certifica que se ha solicitado el desestimiento, pero nadie sabe muy bien qué puede hacer con él.

«Euskadi no heredará expedientes en curso del Ministerio de Universidades, pero se desconoce si con la hoja de la solicitud del desistimiento al trámite central se puede comenzar con el proceso autonómico», dice Dayana Arellano, portavoz en el País Vasco de la plataforma Homologación Justa Ya. En un principio esperaba «un ‘boom’ de peticiones de psicólogos, odontólogos o enfermeros», pero hasta la fecha la demanda rondaba las 200, «un poco baja añade. Esto es debido a que había mucha gente a la espera de saber si puede presentar su solicitud con la hoja de desestimiento». Ahora, todo queda en el aire.

También «expectante» se muestra Iñigo Erdozain, miembro de Kosmópolis, una asociación que cuenta con la ayuda de la Diputación de Bizkaia y que presta asesoramiento sobre homologación de títulos extranjeros. «En el Ministerio de Universidades había un gran atasco que estaba provocando que algunos procesos duraran años, cuando la previsión inicial era de seis meses. Nosotros tenemos la esperanza de que con el traspaso de la competencia se acelere todo». Por ahora, se ha frenado.