El «principio de acuerdo» en el texto para la reforma de la Ley de Extranjería ha desatado una guerra política entre las diferentes formaciones. Mientras tanto, casi 5.700 menores migrantes, que son los que tiene bajo su tutela el Gobierno de Canarias, siguen esperando una respuesta que todavía no llega.

Tras el anuncio del ministro de Política de Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que Canarias y Estado habían logrado cerrar un texto para la modificación legislativa, que garantizará el reparto obligatorio entre comunidades autónomas de los menores migrantes, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha advertido que «no existe ningún acuerdo con el Gobierno de Canarias cerrado con respecto a la derivación de menores a otras comunidades autónomas».

A su vez, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se mantuvo en sintonía con lo anunciado por Torres: «Tenemos un principio de acuerdo, no está ultimado y hay parte del Gobierno de Canarias, en este caso el Partido Popular, que está analizando el texto». Así, mostró su convencimiento de que en los próximos días habrá «luz verde» al reparto.

Domínguez (PP) informó de que en el documento todavía existen «algunos flecos por resolver» y rechazó que sea culpa de su partido que el acuerdo salga adelante o no. «Esta propuesta no ha llegado a manos del PP a nivel nacional ni a las comunidades autónomas», resaltó, por lo que pidió que el texto sea «negociado con todas y cada una» de las regiones. De esta forma, también trasladó la «predisposición» de su formación política para negociar los frentes abiertos y pidió que se convoque «de manera urgente» la Conferencia de Presidentes «para tratar este asunto».

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario socialista, Nira Fierro, defendió al ministro Torres al decir que «lo único que ha hecho ha sido avanzar en una modificación legislativa que Canarias lleva peleando mucho tiempo». A su vez, hizo hincapié en el consenso que existe entre los grupos parlamentarios en la Cámara y dijo que, ahora, «es el momento de los grupos en el Congreso de los Diputados».
Desde Coalición Canaria, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, fue un paso más allá y cuestionó si el anuncio de Torres sobre el «principio de acuerdo» se realizó «deliberadamente» para que la reforma formara parte del «debate político», del que, apuntó, «debería salir». Así, Dávila recalcó la situación crítica que se vive en Canarias y apeló «al consenso y diálogo» para llegar a propuestas que puedan resolver «este gravísimo problema».

Mientras el debate acerca de la reforma legislativa está sobre la mesa política, casi 5.700 menores están en los recursos de acogida de Canarias, que están desbordados.

Se busca que la modificación se haga efectiva «cuanto antes», pues las previsiones apuntan a que el número de menores migrantes podría llegar a los 15.000 durante este año. En esta modificación, según lo acordado, el reparto de los niños y niñas entre las regiones se hará cuando el territorio supere su capacidad de acogida un 150%. En Canarias el límite estaría en 3.000, y se tendrían 15 días de plazo para la derivación.

Una persona muere cada 45 minutos tratando de llegar a Canarias en la Ruta Atlántica
33 personas mueren al día en las rutas migratorias hacia España, o lo que es lo mismo, una cada 45 minutos. Se trata de unos datos arrojados por el informe ‘Monitoreo del Derecho a la Vida en la Frontera Occidental Euroafricana’, elaborado por la organización Caminando Fronteras. Es la cifra más alta desde que se tienen registros en el organismo.

Durante el periodo entre enero y mayo, la organización ha contabilizado 5.054 víctimas, de las que el 95% (en términos absolutos, 4.080 personas) murieron en la Ruta Canaria, considerada la más peligrosa del mundo.

Las salidas a Canarias se produjeron mayoritariamente desde Mauritania, Senegal y Gambia En total, 47 embarcaciones desaparecieron en el mar con todas las personas a bordo.

En el informe, además, se refleja el aumento de embarcaciones que proceden de Mauritania. En este caso, 3.600 migrantes murieron al tratar de llegar a Canarias desde este país. Todo ello, a pesar del acuerdo económico firmado entre España y este territorio africano firmado en febrero de este año. Sin embargo, según el documento, esta alianza solo «pone el foco en evitar las salidas», pero no establece «protocolos de colaboración para defender la vida de las personas en riesgo». Así, para la organización resalta la «falta de medios de búsqueda y rescate». También se destaca que las salidas han descendido de manera importante desde Senegal y Gambia, países desde los cuales se produjeron la mayor parte de las salidas durante 2023.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha remarcado en declaraciones recogidas por Efe que lo que se «necesita es cerrar la Ruta Canaria» y que se ofrezca una «vía legal» que evite que se pierdan más vidas humanas.

A su vez, Pestana aseguró que se trata de una cuestión «difícil de controlar», pero afirmó que las islas cuentan «sobradamente» con recursos de Salvamento Marítimo, como guardamares y salvamares, y medios para el rescate y la vigilancia en las costas.