La reciente detención en Zerain de un matrimonio acusado de explotar laboralmente a migrantes en su caserío ha vuelto a sacar a la luz la dura situación que vive un número indeterminado de personas que trabajan en condiciones irregulares por un salario escaso y sin los más mínimos derechos laborales. La hostelería, el servicio doméstico y el sector agropecuario son las tres áreas donde, según los expertos, se producen más casos de una explotación, la laboral, que no ha dejado de aumentar en los últimos años, al igual que las infracciones detectadas en el área de empleo y extranjería por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En 2022, último año del que se tienen datos estadísticos, se detectaron en el País Vasco 333 extranjeros en situación laboral irregular, el doble que el ejercicio anterior (151). En Gipuzkoa, el número de trabajadores migrantes en esta situación fue de 91, cifra que también duplicó a la del año precedente (44). En este territorio, el importe de las sanciones impuestas a los infractores ascendió hace dos años a 890.421 euros, 482.941 más que en 2021. Estos datos revelan la creciente expansión en algunos sectores de una cultura de la irregularidad que sirve de caldo de cultivo para la explotación de personas vulnerables que vienen a buscar trabajo y lo que encuentran son condiciones miserables que en algunos casos rozan la esclavitud.

91
trabajadores

migrantes en situación laboral irregular fueron detectados en Gipuzkoa en 2022, el doble que el año anterior.

En el caso de Zerain, el matrimonio propietario del caserío Olabide, que se dedica a elaborar queso en Idiazabal, tenía cuatro empleados extranjeros sin contrato de trabajo. Según la Policía, su jornada laboral era de siete días a la semana sin posibilidad de descanso y cobraban entre 300 y 400 euros al mes. Este es el último caso de una serie de intervenciones que cada vez son más frecuentes. En diciembre de 2023, la Policía Nacional detuvo en Eibar a un individuo de origen marroquí acusado de alojar en condiciones insalubres a 49 inmigrantes a los que, además, empadronaba de forma irregular y les obligaba a trabajar en obras de reforma sin contratos laborales. En enero de ese mismo año, tres hosteleros fueron detenidos en San Sebastián. Según la investigación, 21 personas estaban siendo explotadas laboralmente en dos bares de la Parte Vieja donostiarra.

Pocas denuncias
«Apenas un 15% de los casos de explotación laboral se acaban denunciando», dice Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo, una organización que recibe cada año cerca de una docena de denuncias por este motivo. Los denunciantes suelen ser los mismos trabajadores que sufren esta situación o terceras personas que han sido testigos de alguna situación anómala.

No existen datos fiables del verdadero alcance de la explotación laboral en Gipuzkoa, debido a que salen a relucir pocos casos. «En las explotaciones agropecuarias hay más de lo que parece», asegura Mazkiaran, que sostiene que el del caserío de Zerain «es solo la punta del iceberg, al igual que los que se conocen en la hostelería y el servicio doméstico».

Según Mazkiaran, las personas que trabajan en el sector ganadero o agrícola «viven en condiciones muy precarias en caseríos que muchas veces están aislados», por lo que «tienen dificultades hasta para salir al exterior y denunciar lo que les pasa». «El denominador común en todos los sectores es la irregularidad, esta es la situación que provoca el abuso. No hay contrato, no hay documentos, ni convenios, dependen de los escrúpulos del empleador», añade.

Uno de los motivos por los que no se producen más denuncias es la total vulnerabilidad de los afectados. Saben que si su empleador es detenido terminarán en la calle de la noche a la mañana, por eso muchos no tienen más opción que apretar los dientes y resistir hasta que puedan encontrar algo mejor. «En algunas ocasiones deciden dar el paso y denuncian su situación, pero el peaje que pagan es altísimo. Pierden mucho porque viven en el caserío y reciben un salario, aunque sea escaso, pero al menos tienen un lugar donde residir». Para ellos no es fácil elegir entre el infierno y algo peor.

VULNERABILIDAD
«En algunos casos los mismos empleados denuncian la situación, pero pagan un alto precio»
Tampoco es fácil conseguir condenas por explotación laboral. Cuando se detecta algún caso, en términos judiciales se abren dos vías. Una es la laboral, que consiste sobre todo en reclamar salarios. La otra es la penal, «que es muy compleja porque que lo ocurrido tenga carácter de delito es otra cuestión», dice Mazkiaran. «Para que sea punible por el Código Penal – explica- tiene que haber una clara situación de abuso y explotación, además de vulnerabilidad clara del acusado. Además, la explotación tendría que producirse en la no percepción de un salario o el pago de un sueldo mínimo».

Dentro de la explotación laboral, el tráfico ilícito de migrantes es un negocio que genera grandes ganancias para los traficantes y el crimen organizado. Según los registros de la Ertzaintza, en relación con el delito de trata de seres humanos la explotación laboral supone el 15% de los casos investigados. Para encontrar a sus víctimas, los empleadores suelen recurrir al boca a boca, a terceras personas que tienen contactos que conocen a migrantes en busca de trabajo.

ENBA afirma que el caso de Zerain «no es algo habitual»
Desde la organización agraria ENBA señalan que les ha «sorprendido» la noticia de la detención en Zerain del matrimonio acusado de explotar laboralmente a migrantes en su caserío, ya que este tipo de situaciones «no suelen ser lo habitual, estamos hablando de un caso concreto», por lo que califican este último episodio como un «caso puntual». No obstante, a raíz de este suceso, el sindicato ha enviado un mensaje a todos sus socios alrededor de 500, donde defienden y recalcan «que hay que cumplir con la legalidad» y recuerdan asimismo que «lo que hace cada uno por su cuenta tiene consecuencias que afectan a la imagen de todo el sector».