El Defensor del Pueblo ha regresado a las salas de asilo del aeropuerto de Barajas y se ha encontrado unas condiciones “inaceptables de hacinamiento e insalubridad” sufridas por quienes esperan una respuesta a su petición de protección internacional. “Desde la última comunicación la situación ha empeorado de forma ostensible”, dice Ángel Gabilondo, que alerta de que las autoridades podrían estar sometiendo a estas personas “a un trato degradante menoscabando su integridad moral”.

Durante su inspección realizada el pasado 19 de enero, el Defensor observó que las mujeres y algunos menores habían sido trasladadas en una sala de la terminal 2 que “carece de las condiciones necesarias para cumplir su función”, por lo que algunas se veían forzadas a dormir en colchonetas en el suelo. El equipo de Gabilondo ha detectado que no existen camas suficientes para ellas, por lo que varias personas dormían en colchonetas. Tampoco se pueden duchar, porque la única ducha se encuentra fuera de servicio desde hace dos semanas, y carecen de kits de higiene básicos y de material de higiene femenino. La institución también vuelve a la carga con una antigua denuncia que Interior no llega a corregir: la falta de teléfonos habilitados, lo que impide a los demandantes de protección pasar días o semanas “sin poder mantener contacto alguno con el exterior”.

“Se podría estar sometiendo presuntamente a estas personas a un trato degradante menoscabando su integridad moral. Igualmente, las condiciones en las que los funcionarios policiales y el resto de empleados públicos o entidades que trabajan en estas salas, pueden suponer un peligro para su salud y seguridad”, ha denunciado Gabilondo, quien exige la adopción de medidas que garanticen los derechos de quienes se encuentran retenidos en estas instalaciones, para lo que solicita más coordinación a la Dirección General de la Policía, la Dirección General de Protección Internacional y la Secretaría de Estado de Migraciones, a quienes solicitan habilitar espacios que cuenten con “condiciones dignas de habitabilidad, estándares de higiene y salubridad adecuados y la posibilidad de comunicarse de forma efectiva con familiares, abogados y el Defensor del Pueblo, por vía telefónica”.

Las estancias bajo custodia policial que acogen a demandantes de asilo e inadmitidos en el aeropuerto de Barajas viven desde hace meses una situación de colapso. A pesar de las advertencias ONG y organismos como Acnur, las condiciones de las salas no mejoran.

El pasado diciembre, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció en los juzgados la “sobreocupación” de las salas destinadas en Barajas a los solicitantes de protección internacional, tanto la de la Terminal 1 como las que se habían habilitado posteriormente en esa misma terminal y en la T4. CEAR ya denunciaba entonces el “deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida”.

Los jueces asignados al control de extranjeros visitaron las instalaciones y constataron que para las 156 plazas habilitadas para acoger demandantes de asilo e inadmitidos había un total de 244 personas allí custodiadas. Si se compara el número de personas solicitantes de asilo en la frontera en el periodo entre agosto y noviembre, este había crecido de 767 en 2022 a 1.357 en 2023, un 56% más. 

Los tres magistrados firmaron un auto en el que requerían al Ministerio del Interior que adoptara “con carácter urgente” las medidas precisas “para poner fin a la situación de hacinamiento”. El escrito recordaba que había 19 menores de edad entre los solicitantes. 

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) hizo llegar al Ministerio del Interior el pasado mes de noviembre un escrito en el que solicitaba medidas urgentes para los demandantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. Dos funcionarios de la agencia de la ONU visitaron el aeropuerto madrileño el 6 de noviembre de 2023. El Alto Comisionado declaró entonces públicamente su preocupación por la situación de los demandantes de asilo y solicitó “mejor coordinación” entre las entidades que intervienen en la gestión de las solicitudes. 

Además, y sin que trascendiera, ACNUR envió a la cúpula de Interior un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que mostraba su preocupación, entre otros asuntos, por la situación de “varios menores” que llevaban 15 días en la misma sala “sin prácticamente acceso alguno a luz natural”.