os ataques verbales racistas contra el delantero del Real Madrid Vinicius en Valencia forman parte de una práctica condenable en los estadios, en los que algunos asistentes a un partido se obstinan en dañar la dignidad de un ser humano arremetiendo contra todos los que pudieran reunir sus mismas características físicas o de origen. Ni las emociones propias de la hinchada, ni un lance del juego ni la conducta de un futbolista pueden justificar tal comportamiento. Tampoco que los aficionados de un equipo crean defender así con más ardor sus colores. Resulta si cabe más incomprensible que el fútbol organizado conceda un trato de práctica impunidad a tales hechos valiéndose de que es un deporte tan de masas que son inevitables manifestaciones minoritarias, cuando la realidad es que ha gestado todo un sistema de intereses, normas y protocolos que, brindando a millones de personas un entretenimiento sin igual, describe también una zona franca para la arbitrariedad, la confrontación y la permisividad hacia los propios.

Los improperios xenófobos contra Vinicius y otros jugadores como los proferidos en su día contra Iñaki Williams en el campo del Espanyol, que están a punto de ser juzgados son censurables en sí mismos. Pero también porque contribuyen a naturalizar el supremacismo racial ante miles y miles de espectadores como si su expresión fuese tolerable o, a lo sumo, hubiese que contenerla solo por temor a una sanción deportiva. A pesar de que tales medidas pudieran no servir para acallar el pálpito bárbaro de extremistas agrupados o exaltados circunstanciales, ha llegado el momento de que la Liga y la Federación den una vuelta de tuerca más a sus protocolos. Empezando por los criterios con los que deban regirse los árbitros para atajar esas situaciones.

Un ataque verbal racista no es un delito de odio. Pero su persistencia en las gradas puede contribuir a su comisión. Es de esperar que la demanda presentada por el Real Madrid y las diligencias de oficio de la Fiscalía de Valencia deriven en un pronunciamiento rotundo del Ministerio Público. Es necesario que las instituciones actúen tras la constatación de que también en España hay racismo y de que este encuentra su altavoz más sonoro en las competiciones de fútbol. Las mismas en las que los insultos y desconsideración de espectadores contra árbitros y jugadores rivales demuestran en demasiados momentos que al deporte rey le falta cabeza y corazón.