A dos pasos de estación de Grand Central, y a uno del Club de Yale, se encuentra el Hotel Roosevelt de la calle 45, un majestuoso edificio con más de un siglo a sus espaldas que no pudo sobrevivir a la pandemia. Para cuando cerró definitivamente en diciembre de 2020, tres cuartas partes de los hoteles de lujo de Nueva York seguían sin reabrir. Nadie podía imaginar que la ciudad de los rascacielos volvería a rugir como si nada hubiera pasado, pero tampoco que miles de inmigrantes sin techo se repartirían las habitaciones del lujoso edificio que un día fuera parte de la cadena Hilton.

En la puerta estaba el viernes José, con su hija de dos años en brazos y su prima Ariani, de 15, ayudándole a navegar el trámite de pedir refugio. La madre del bebé había cambiado el sueño americano por el canadiense y continuado el viaje al norte. De camino se había llevado todos los papeles, incluyendo la partida de nacimiento de la niña, sin la cual nadie daba albergue al presunto padre. «La asistenta social le ha dicho que un día más durmiendo en la calle y le quitan la custodia», contó la adolescente, que se las había arreglado para conseguir que le envíen el documento desde Venezuela, previo pago de cien dólares que le ha fiado un amigo.

«Es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandiosas, aunque estén marcadas por el fracaso, que formar parte de aquellos espíritus pobres que no disfrutan mucho ni sufren mucho», dice la cita de Theodore Roosevelt con la que el hotel lapidó su cierre en la página web.

A los 600 o 700 inmigrantes latinoamericanos que llegan diariamente a Nueva York desde la frontera sur no se les puede acusar de haberse conformado con las penurias de sus vidas en Venezuela o Colombia. Solo la semana pasada la ciudad de los rascacielos recibió a más de 4.300 solicitantes de asilo político, los únicos a los que los guardias de seguridad del Hotel Roosevelt dejan cruzar el cordón de seguridad con el que han devuelto la vida al coloso abandonado. Son más del doble en una sola semana que los 2.000 trabajadores estacionales que España recibirá en todo el 2023 a través de los programas de migración circular que ha firmado con República Dominicana, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala.

Desde que el año pasado el gobernador de Texas, Gregg Abott, empezó a fletar inmigrantes ‘gratis’ a ciudades santuario gobernadas por el Partido Demócrata, Nueva York ha recibido la friolera de 67.000 inmigrantes que ha ido colocando en tiendas de campaña, pabellones deportivos, colegios, albergues y hoteles. Según el alcalde, el 40% de las plazas hoteleras de la ciudad están ocupadas por inmigrantes, aunque bien es cierto que las cuentas no cuadran. La ciudad tiene 130.000 plazas hoteleras pero solo 41.500 emigrantes bajo su custodia. El contrato es provechoso para los hoteleros a los que el Ayuntamiento paga por el hotel completo a tiempo indefinido.

Agujero económico
Mientras el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, pidió esta semana a sus colegas en conferencia de prensa que sean «líderes en generosidad, amabilidad y aceptación», el alcalde Eric Adams tiene motivos para quejarse: la generosidad costará a las arcas públicas 4.300 millones de dólares hasta junio del año que viene, según la adjunta del alcalde para Servicios Humanos y de Salud, Anne Williams-Isom. A semejante agujero en una ciudad que ha perdido 12.400 millones de dólares netos en ingresos anuales debido al éxodode la pandemia, según Bloomberg, el gobierno federal solo contribuirá con el 37%. Ahí es donde empieza el cisma entre el alcalde de Nueva York y el presidente Joe Biden.

«Nueva York no debería cargar con el peso de un problema nacional», se quejó el alcalde esta semana en entrevista con la cadena Fox, en la que repitió una de las acusaciones que más ha molestado en la Casa Blanca: «El presidente le ha fallado a nuestra ciudad». La oposición está encantada de poder explotar las declaraciones de uno de los alcaldes demócratas más prominentes del país que, no por casualidad, desapareció esta semana de la lista de asesores políticos de la campaña de reelección de Biden 2024. «Esto no es solo personal. Muchos demócratas de la ciudad y del estado están de acuerdo en silencio con Adams y se alegran de que le esté criticando en su nombre», escribió Politico.

Uno sabe que la acogida se ha desbordado cuando son los propios inmigrantes los que se quejan de que «a todos los que entran los mandan a Nueva York», lamentaba Ariani Tomasili mientras esperaba a la puerta del Roosevelt a que a su primo le dieran una habitación. «Están llegando tantos que eso nos lo pone más difícil a los que ya llevamos tiempo aquí para recibir servicios y asistencia», se queja. En realidad solo lleva cuatro meses y vive «en un hotel hermosísimo» donde comparte habitación con sus padres y hermanos, comidas incluidas. Reconoce que «no tiene nada de lo que quejarse», porque desde que llegó va al colegio, donde las profesoras se esfuerzan en ponerle ejemplos en español para que entienda las lecciones, y ella, en aprovechar las clases para cumplir su sueño americano.

Las hay que sí se quejan. En el Hotel Watson de la calle 57 con la Décima Avenida, la colombiana Laidi Beltrán, que llegó en avión hasta Reinosa (Texas), se entregó a las autoridades migratorias para iniciar el proceso de asilo político y recibió de una iglesia el billete de avión hasta Nueva York, se indigna de que intentaran mandarla a un albergue de Queens. «Y yo no me iba a ir tan lejos, cuando tengo a mi niño aquí arriba en el colegio de Washington Heights». Pero todo le salió bien. Trabaja en un McDonald’s cercano a 15 dólares la hora y ya no tiene que pagar los 350 dólares a la semana que le cobraban por una habitación antes de conectar con los servicios sociales a través de una iglesia del Bronx. El Hotel Watson en el que vive sin fecha de salida le parece estupendo «y la comida es buenísima».

Adams ha decidido echar el freno. Ante la avalancha que se anticipaba con el fin del Título 42, que permitía a las patrullas fronterizas expulsarlos sin procesar sus quejas de asilo, el acalde ha declarado el estado de emergencia y ha pedido suspender la ley que le obliga a proporcionar un techo de emergencia a todos los que lo necesiten, sin importar su estatus migratorio. El viernes cerró el punto de acogida que abrió el año pasado en la estación de Penn Station.

A los autobuses que llegan de la frontera se les deriva a otros condados del estado de Nueva York. Pequeñas poblaciones donde las autoridades están alarmadas por la forma de desviar la presión y amenazan con demandar al Ayuntamiento de Nueva York si persiste en repartir la carga.

Quienes se bajan del autobús en los andenes de Port Authority caminan hasta el Hotel Roosevelt, convertido en nuevo punto de distribución donde les dan la bienvenida en la alfombra roja que otrora sirviera para las galas de los Premios Peabody de Radio y Televisión, la Universidad de Columbia y la Liga Nacional de Fútbol americano. Allí estaba sentada en la terraza del café contiguo la colombiana Claudia Restrepo, esperando a su hija, que había llegado hasta Nueva York siguiendo sus pasos con un bebé en brazos, la mejor manera de conseguir asistencia pública de forma expedita.

«Aquí nos quieren mantener y nosotros lo que queremos es trabajar, no estar aburridos en un hotel», se quejaba. «¿Qué les cuesta darnos papeles para trabajar, ya que nos han dejado entrar? Este país es muy duro sin trabajo y yo no me voy a arriesgar a comprar papeles falsos, como hacen los mexicanos». Once millones de indocumentados, la mayoría mexicanos y centroamericanos, esperan desde hace décadas una reforma migratoria que les saque de la ilegalidad y les proporcione la alfombra roja por la que ahora desfilan los recién llegados, sin acordarse de quienes les precedieron. Como el millón de italianos, irlandeses o puertorriqueños que un día desembarcaron en la Isla de Ellis, la nueva oleada de venezolanos y colombianos está cambiando el acento neoyorquino y poniendo a prueba la tolerancia de su gente.