Unas 400 personas han participado este sábado en Ceuta en la X Marcha por la Dignidad, que ha vuelto a recorrer a pie toda la ciudad autónoma hasta la frontera del Tarajal para denunciar las “políticas migratorias racistas que cada año se cobran la vida de miles de personas en las fronteras” de la Unión Europea.

Lo han hecho reivindicando “memoria y justicia” en vísperas del noveno aniversario de la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014, cuando la Guardia Civil hizo uso de material antidisturbios para repeler a un grupo de alrededor de 300 personas que intentaban acceder a nado a territorio español.

Nueve años después de la tragedia, la investigación judicial abierta, que estuvo a punto de sentar en el banquillo a 16 guardias civiles por homicidio imprudente (se libraron al aplicar la ‘doctrina Botín’), fue cerrada definitivamente por el Tribunal Supremo en junio del año pasado. 

El Constitucional todavía está estudiando si admite o no a trámite los recursos de amparo presentados por varias organizaciones no gubernamentales y en nombre de las familias de los fallecidos (a las que ni siquiera se ha permitido viajar a España) por vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la tutela judicial efectiva y la integridad moral, según ha indicado en declaraciones a elDiario.es la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

“Las muertes del Tarajal no son un hecho aislado: desde hace más de 15 años estamos viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos y concretamente en la sur española”, ha advertido el manifiesto que se ha leído junto al espigón marítimo fronterizo en el que se produjo la tragedia de 2014, donde se ha guardado un minuto de silencio y se han colocado velas en recuerdo de Roger, Yves, Samba, Larios, Daouda, Luc, Youssouf, Armand, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blasie y otro varón no identificado.

“Solo vamos a conocer la realidad de la frontera sur si hacemos memoria porque el criminal mata y después quita importancia a lo ocurrido, la muerte hermenéutica”, ha advertido la letrada en el panel que ha compartido por la mañana con los activistas Sani Ladan, Youssef M. Ouled y Soda Niasse sobre los deberes de memoria y hospitalidad y el racismo institucional y social.

Fernández ha repasado las “tragedias” más sonadas para los derechos de los migrantes acontecidas durante los últimos 20 años, desde la muerte de cinco varones de origen subsahariano en la valla de Ceuta en septiembre de 2005 hasta los al menos 23 fallecidos en la de Melilla en junio de 2022 pasando por las resoluciones judiciales que han respaldado las ‘devoluciones exprés’.

“Lo que sucede en las fronteras no se puede disociar del racismo de Estado”, ha enlazado Ladan la intervención de Fernández con la de Ouled, que ha alertado de que la utilización de sistemas de inteligencia artificial para controlar las fronteras solamente conduce a convertirlas en “más mortales”. 

“Tendemos a decir que en España no hay racismo, que no es como el de Estados Unidos, que no es para tanto, pero es posible otra forma de gestionar las migraciones, como hemos visto con Ucrania”, ha comparado el periodista marroquí. “El imaginario colectivo ha asumido que la migración es una amenaza para Europa y esa es otra tragedia más para los Derechos Humanos, somos poco conscientes de nuestro racismo por su carácter estructural y sistémico”, ha alertado Fernández.

Niasse ha enfatizado la necesidad de que un país como España donde supuestamente prima “el derecho a la vida y la hospitalidad” se garantice “que primen sobre cualquier ley” y toda persona pueda llegar aquí “por vías legales, ordenadas, regulares y seguras para no dejar de ser migrante, sino temporalmente huésped y seguidamente ciudadana”.

Los manifestantes, en su mayoría personas procedentes de la península y residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, también han recordado a última hora de la tarde sobre la arena del Tarajal a Moussa, el joven guineano de 20 años que el pasado 26 de enero se quitó la vida colgándose de un árbol a las puertas de ese equipamiento, al que le había sido vetada la entrada. 

Sus compañeros han lamentado que se fue con “más sufrimiento que vida” y han reclamado al Ministerio de Inclusión que no vuelva a expulsar a “ningún” acogido y que ofrezca programas “de recuperación y apoyo” tras las “situaciones dramáticas y violentas” que padecen en sus rutas migratorias.