La delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, ha ratificado ante la juez que investiga el retorno de menores a Marruecos en agosto de 2021 que ella no actuó por libre sino que siguió instrucciones de Madrid, según confirman a EL MUNDO fuentes jurídicas.

Durante las dos horas que ha durado su comparecencia, Mateos ha insistido en que la estrategia para devolver a los adolescentes fue diseñada y amparada por el Ejecutivo central. La representante del ejecutivo central en la ciudad autónoma ha contestado a las preguntas de la magistrada y elfiscal y no lo ha hecho a los letrados de la acusación particular.

Más de 10.000 personas, 1.100 adolescentes, cruzaron la frontera en mayo de ese año sin la oposición de las autoridades marroquíes, muy molestas con España por haber acogido al líder del frente Polisario Brahim Ghali para tratarle el grave covid que padecía.

Esta tarde, Mateo ha confirmado punto por punto su declaración ante la Fiscalía el pasado mes de diciembre en la que destacó la implicación del Ministerio del Interior y del Gobierno en la devolución de los menores. “Lo decidió el Gobierno (…) La Secretaría de Estado de Seguridad me comunicó que se llegó a ese acuerdo y cómo se va a ejecutar el acuerdo. Lo comunicaron por escrito”. La delegada del Gobierno de Ceuta está imputada por prevaricación.

Mateos ha vuelto a poner sobre la mesa que la comunicación con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska era tan constante que ella misma telefoneaba al secretario de Estado para mantenerle informado de las repatriaciones de los niños. Según consta en su declaración, aseguró que “se lo comunicó al Ministerio del Interior en la persona del secretario de Estado [Rafael Pérez, ‘número dos’ de Grande-Marlaska] y se puso en marcha la entrega de los menores”.

Por último añade: “Aclara que la Secretaría de Estado de Seguridad le comunicó el acuerdo con Marruecos, pero este se tomó entre Gobiernos”. La expulsión de los menores contó con la enérgica oposiciónAntonia Palomo, que alertó de que no se estaba cumpliendo la ley. Así lo expuso en su declaración ante la instructora el pasado 15 de septiembre.

En su declaración anterior en la Fiscalía, Palomo manifestó su preocupación por el plan que iba a trazarse y que, finalmente, se ejecutó: “Trasladó que el procedimiento no era el adecuado, que los interlocutores no acreditaron su identidad y que los padres no estaban en la frontera”. Fue apartada de sus funciones.

La investigación judicial, en la que están imputadas por prevaricación Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno María Isabel Deu, tiene su origen en la crisis fronteriza que vivió Ceuta cuando, en abril de 2021, Marruecos alentó y permitió la entrada irregular de más de 10.000 personas para escenificar su enfado con España por haber acogido a Brahim Ghali.
En agosto, se produjeron los retornos de los menores. La ONG Asociación para el Desarrollo Integral L’ Escola AC fue quien interpuso la denuncia tras las repatriaciones y la Fiscalía la impulsó tras hacerla suya y concluir de manera tajante que hubo irregularidades. “En un Estado de Derecho no caben atajos”, advirtió el Ministerio Público.

En el mes de julio, la magistrada abrió diligencias al considerar que había indicios suficientes de delito en las actuación de ambas políticas. La ONG L’ Escola , junto a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ejerce la acusación popular en el caso.