El proyecto de ley del Ejecutivo belga para permitir a la policía registrar viviendas en busca de inmigrantes en situación irregular para su detención ha generado una fuerte oposición entre los ciudadanos del país en las últimas semanas y creado tensiones en el seno de la coalición gubernamental.

La propuesta, lanzada por los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el partido cristianodemócrata flamenco (CD&V), cuenta en particular con el rechazo frontal de organizaciones de la sociedad civil y algunas asociaciones judiciales, que tildan la iniciativa de ataque a los derechos fundamentales y la solidaridad.

De salir adelante la ley, la policía sólo necesitará la autorización de un juez de instrucción para entrar en la vivienda donde se aloje un inmigrante, sea el domicilio del propio extranjero o de una persona que le acoja.

“Es increíble ver cómo el gobierno pretende criminalizar a los que tratamos de ayudar”, explica a Efe Kim van den Brempt, uno de los cientos de voluntarios que, como reacción al polémico plan, ofrece su casa a inmigrantes en situación irregular en Bruselas.

Para Brempt, que confía en que la ley no salga finalmente adelante, abrir la casa a estas personas es un “pequeño gesto” que unido al de muchos más “ayuda a gente que realmente lo necesita”.

Según el proyecto, solo se podría recurrir a estas visitas domiciliarias como último recurso y ante el fracaso de otras medidas, en particular si el inmigrante ha ignorado una orden de retorno voluntario o no coopera en el procedimiento.

Los defensores de la iniciativa argumentan además que el proyecto de ley se limita a aplicar una directiva europea que pretende facilitar la puesta en marcha de las órdenes de abandono del territorio a los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en él.

Lo cierto es que el plan ha abierto grietas en la coalición de gobierno, compuesta por cuatro partidos de centroderecha pero con distintas sensibilidades en materia de inmigración, y en particular en el partido liberal MR, al que pertenece el primer ministro Charles Michel, que la apoya entre fuertes críticas internas.

Entre la judicatura ha planteado cuestiones, ya que “el juez de instrucción tan solo podrá autorizar los registros, no tendrá ningún margen de maniobra”, critica la presidenta del sindicato de jueces belga, Manuela Cadelli.

Las organizaciones humanitarias ven el proyecto como un paso más en la, a su juicio, nefasta política migratoria del gobierno belga, contra la que existe una creciente movilización ciudadana.

Como muestra, la cadena humana convocada por la “Plataforma Ciudadana de apoyo a los refugiados” a través de las redes sociales el pasado enero, que logró que unas 3.000 personas impidieran un operativo policial para detener a entre 500 y 600 inmigrantes en situación irregular que viven en el parque Maximillien de Bruselas.

“Nos quedamos sin palabras. Una hora antes de que comenzara el operativo ya había mil personas para mostrar su rechazo a la política migratoria del gobierno. No pude evitar llorar”, explica emocionada a Efe la coordinadora de la Plataforma Ciudadana para el Apoyo a Refugiados en Bruselas, Adriana Costa.

Costa comenta que la gente “está preocupada” por una ley que supondría “un ataque a sus libertades fundamentales”.

En Bruselas, hace cuatro meses se creó un centro humanitario en el que operan siete organizaciones, entre ellas Cruz Roja, Médicos sin Fronteras o Médicos del Mundo, cubriendo las necesidades básicas de los inmigrantes.

“Vemos cada día en nuestras consultas médicas la violencia de las autoridades y las condiciones lamentables en las que viven los refugiados”, explica a Efe un representante de Médicos del Mundo, encargada de los servicios sanitarios en el centro.