El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente detectó a finales de 2017 graves irregularidades en la labor de una asociación presidida por la actual secretaria de Diversidad de la ejecutiva PSOE-M, Augustine Abila Medzo, que se dedicada al reparto de alimentos a inmigrantes. El ministerio detectó, después de recibir una advertencia de la Cruz Roja Española, que la asociación Acudeva “cobraba dos euros a las personas que acudían por primera vez a recoger alimentos”. La actual dirigente socialista niega las acusaciones y cree que se trata de un “ataque personal” contra ella.

El Ministerio de Agricultura, liderado por Isabel García Tejerina, abrió en el pasado octubre una investigación sobre Acudeva (Asociación Cultural de Defensa de Valores Africanos), con sede en Madrid, por posibles irregularidades en el reparto de alimentos a inmigrantes. Los indicios, recogidos por la Cruz Roja Española, apuntaban a que la entidad incumplía sus obligaciones y entregaba leche, arroz, pasta y aceite, entre otros alimentos, tras cobrar dos euros.

La investigación ministerial concluyó que las sospechas eran ciertas. Y excluyó a Acudeva del plan de ayudas. Así lo confirma el ministerio a EL PAÍS: “Entre los incumplimientos se constató que la organización no ponía los alimentos a disposición de las personas desfavorecidas de forma gratuita, ya que se cobraban dos euros a las personas que acudían por primera vez a recoger alimentos. Siguiendo el procedimiento establecido, el FEGA [organismo responsable de la compra y distribución de la comida] inició el procedimiento para interrumpir la participación de esta organización en el programa de ayuda alimentaria 2017”.

La presidenta de Acudeva es la actual responsable de diversidad del PSOE en Madrid. De origen camerunés, Abila Medzo entró en la ejecutiva del partido de la mano del secretario general, José Manuel Franco, en el pasado noviembre, cuando Acudeva fue excluida del plan de ayudas.

En conversación con este diario, Abila Medzo rechaza las acusaciones, que tacha de “ataque” contra su carrera política. Esta doctora en Literatura española (según reza su currículum) reconoce haber liderado Acudeva hasta convertirse en dirigente socialista. Abila Medzo admite haber hablado con los inspectores ministeriales en las semanas anteriores a su dimisión de Acudeva, pero mantiene que “en ningún caso ha cobrado por el tema de los alimentos”.

Explicó a los inspectores que Acudeva colaboraba, no obstante, con otra entidad nigeriana, que sí cobraba dos euros a las familias de inmigrantes africanos. Lo hacía, según ella, para “ordenar” y evitar que se “hicieran trampas” en el reparto de la comida, puesto que algunos acudían con nombres falsos para recibir más alimentos. Preguntada sobre el nombre de dicha entidad, la dirigente socialista, mencionó al All Progressives Congress, un partido político nigeriano fundado en 2013.

La dirigente del PSOE sostiene que el ministerio todavía no le ha notificado nada, aunque reconoce que tras su salida, la asociación que presidió y que atendía a 350 familias al mes, ya no opera ni tiene trabajadores a su servicio. Por su parte, Agricultura señala que cuando se detectan anomalías en el cumplimiento de las órdenes ministeriales, lo primero que hace es dejar de entregar los alimentos y abrir un expediente al que los acusados pueden presentar alegaciones.

Así ocurrió con Acudeva, que desde noviembre ha sido excluida del reparto de alimentos y ahora se encuentra implicada en una grave investigación sobre un caso de lucro indebido al aprovecharse de un operativo del Estado, financiado con dinero público y dirigido a ayudar a los más necesitados.
Doble control para evitar que se lucren con las ayudas

El Ministerio de Agricultura explica a este diario que el organismo responsable de la compra y distribución de los alimentos realiza controles “exhaustivos” de todos los eslabones que participan en el programa europeo de ayudas FEAD. Tras recibir los alimentos, el Estado los entrega a las organizaciones asociadas de distribución, y, desde estas, a las de reparto. El Ministerio de Agricultura señala que todas las entidades que participan en su programa deben cumplir con la orden ministerial.

Para controlar su cumplimiento, los inspectores ejercen un control doble: el protocolario (unas 340 inspecciones al año) y el especial, que se activa tras recibir una denuncia. Este fue el caso de Acudeva, la entidad presidida por Augustine Abila Medzo, que formaba parte del último anillo de la cadena de ayudas. Cuando Cruz Roja, que entrega a las entidades de reparto la comida, recibió la denuncia de los afectados, lo notificó al ministerio, según un portavoz de la institución humanitaria. A partir de ese momento, los inspectores investigaron el caso y concluyeron que existían pruebas para interrumpir las relaciones con Acudeva, que, además, recibía financiación pública.