El acuerdo marco al que ayer llegaron republicanos y demócratas del Congreso de EE. UU. y la Casa Blanca para debatir una reforma migratoria integral fue calificado como positivo por diversos gobiernos y organizaciones, aunque ya genera desconfianza entre algunos grupos políticos.

El pacto busca impulsar la aprobación de una reforma migratoria integral, cuyos debates comenzarán el próximo lunes, y que prevé una mayor vigilancia fronteriza, la legalización de buena parte de los doce millones de inmigrantes indocumentados y un programa de trabajadores temporales. También establece un sistema de verificación del estatus migratorio de los empleados, la reunificación familiar y un sistema de puntos para futuros inmigrantes, entre otros elementos.

Las reacciones al acuerdo fueron predecibles: muchos legisladores moderados y grupos pro – inmigrantes lo acogieron como un buen punto de partida, pero recomendaron modificaciones.

El presidente de EE. UU., George W. Bush, dijo que está «ansioso» de firmar una reforma lo antes posible. En su opinión, el plan «crearía un sistema de inmigración seguro, productivo, ordenado y justo». Los legisladores hispanos, junto con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, instaron al Congreso a que apruebe este año una iniciativa migratoria «dura pero justa, que trate a los inmigrantes de forma digna». Sin embargo, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, manifestó «graves preocupaciones» sobre algunos aspectos del acuerdo, entre ellos el plan de trabajadores temporales, y anotó que se tiene «que mejorar este proyecto».

Los congresistas de corte conservador inmediatamente lo rechazaron como una «amnistía» disfrazada de reforma que, a su juicio, no merecen los inmigrantes indocumentados. Algunos aspirantes presidenciales, como el senador del bando republicano John McCain y su colega demócrata Hillary Clinton, también reaccionaron: McCain dijo que apoya el acuerdo porque castigará la contratación de indocumentados, mientras Clinton afirmó que vigilará el compromiso bipartidista «para ver si honra nuestros principios y herencia de inmigrantes».