Los inmigrantes con derecho a voto municipal no parecen vivir con entusiasmo esta campaña de tesis desviadas, y ni los anglosajones de tumbona, esos británicos y alemanes que gozan de su jubileo en tantos municipios mediterráneos, ni los hispanoamericanos y africanos con permiso de residencia y un subsistir más aleatorio se sentirían afectados por las promesas de los partidos españoles, que van más a lo suyo, según impresiones muy generalizadas. Pero a la Unión Europea, la inmigración le preocupa obviamente, y ayer anunció Franco Frattini, vicepresidente de la comisión, una directiva, que tiene calidad de proyecto de ley, por la que se penalizará a los empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación irregular.

Sostiene la comisión que el trabajo es realmente lo que produce el efecto llamada, y no sólo ese trabajo esporádico y estacional en la agricultura, al que cada vez es más difícil acceder sin la exigida documentación, sino también cualquiera de los que se ofrecen, en régimen de explotación, al inmigrante sin papeles que sólo tiene dos opciones: o dejarse explotar por un empresario desaprensivo, y delincuente, o revivir el hambre que le impulsó a la emigración. Según el proyecto de la comisión europea, va a penalizarse con multas al empresario que tenga en situación irregular a un trabajador, y hasta con cárcel al que convierta en explotación la relación laboral. Se trata de acabar definitivamente con el trabajo ilegal mediante una norma que, al parecer, avanzará con el consenso de los veintisiete países de la UE.

A cierta edad no sorprende la naturaleza humana, por la cantidad de distorsiones morales que se han contemplado o padecido, pero que en el siglo XXI, o en el tercer milenio, que a muchos se nos está haciendo muy largo, existan esclavistas, y que una oferta desproporcionada de mano de obra subsahariana o latinoamericana en relación a la demanda de trabajo cree situaciones de esclavitud, temporal, eso sí, en zonas europeas y, ay, españolas, no sólo en la agricultura sino en la construcción, y hasta en el trabajo doméstico, exige a gritos una norma eurocomunitaria que erradique esas prácticas de delincuencia, benévolamente perseguidas hasta ahora.

Vuelven a aparecer cayucos en playas canarias, como nuncios anticipados de las escuadras migratorias que se avecinan, cuando el anticiclón de las Azores se estabilice de cara al verano. Y como la inmigración es también un argumento electoral, el ministro de Interior dijo ayer que se van a reforzar los controles, por parte de España, en Mauritania y Senegal, países de emisión de inmigrantes, y que los más de mil subsaharianos llegados estos días a Canarias serán repatriados muy pronto a su patria de origen y en su mayoría. También habló ayer en Bruselas Frattini de este problema de emigración en barquichuelas inseguras, y aseguró que se había dirigido al Frontex para que la UE aumentase el número de aviones y barcos de vigilancia de fronteras marítimas, siendo necesario que esa vigilancia sea permanente en torno a Canarias.

En la UE se calcula entre cuatro y ocho millones el número de inmigrantes irregulares y, por tanto, trabajando en situación irregular, lo que puede originar, como dice Frattini, un efecto llamada que la directiva anunciada ayer trataría de suprimir. Pero el asunto es demasiado complejo, y más que una solución radical, que resulta imposible, admite sólo un tratamiento parcheado, de vigilancia fronteriza, rigurosidad normativa laboral, repatriaciones disuasorias *disuasorias?. Nada disuade a quien desea huir de su lógica insatisfacción- e inversiones sustantivas a pie de obra para crear trabajo en las zonas que alimentan la emigración. Son zonas en las que no puede disfrutarse ni de voto municipal.