BRUSELAS. Las decenas de inmigrantes irregulares que de nuevo estos días intentan alcanzar las costas de Canarias, Malta o Sicilia animados por las buenas condiciones climatológicas lo hacen con la esperanza de encontrar un trabajo que les permita ganarse el sustento que en su país no encuentran. Muchos de los que lo consiguen terminan en empleos bajo condiciones laborales abusivas y hasta de explotación con salarios que apenas alcanzan los 30 euros por 12 o 16 horas de trabajo. Para poner coto a este efecto llamada, Bruselas propuso ayer a los gobiernos de la UE una directiva para castigar con sanciones económicas e incluso penas de cárcel a los empleadores que contraten sin papeles.

“La economía sumergida es uno de los principales factores de atracción y si la gente sabe que es fácil encontrar trabajo en la UE seguirá viniendo”, justificó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la política migratoria, Franco Frattini. Por eso, con su nueva propuesta lo que pretende es “evitar que haya refugios de tolerancia donde se permita la explotación de los seres humanos”. En el punto de mira estarán los empleadores, ya sean empresas o particulares, que contraten de forma irregular a ciudadanos de terceros países. Algo habitual en sectores potentes como la construcción, la agricultura o el turismo, pero también en el servicio doméstico.

A todos ellos se les exigirá que antes de contratar a un inmigrante de un tercer país verifiquen si tiene permiso de residencia o una autorización de trabajo. Aquellos que no actúen correctamente podrán ser sancionados con multas incluido el coste de repatriación del inmigrante ilegal, el pago de los costes de la seguridad social y otras contribuciones no abonadas, y medidas administrativas como la retirada de subsidios públicos (incluidos los europeos) durante un período de cinco años y la imposibilidad de participar en licitaciones públicas por un plazo de hasta cinco años. De estas medidas no se librarán ni las subcontratas porque todos los actores implicados deberán responder de forma conjunta ante eventuales sanciones.

La iniciativa también incluye penas de cárcel para los casos más graves: empresarios reincidentes (la tercera infracción en dos años), el empleo de más de cuatro trabajadores sin papeles, condiciones de trabajo especialmente explotadoras, y cuando se sepa que el inmigrante contratado es víctima del tráfico de seres humanos.

Para que todo funcione correctamente, los gobiernos deberán reforzar el sistema de inspecciones. Actualmente, sólo el 2,8% de los 22 millones de empresas que hay en la UE son objeto de control. La idea de Frattini es aumentar este porcentaje hasta el 10% anual. La propuesta también aboga por disposiciones especiales para que los propios inmigrantes puedan denunciar su situación y se beneficien de permisos de residencia de duración limitada. En cambio, no aborda la situación de los sin papeles que ya están en nuestro territorio y que según advirtió ayer Frattini “la única posibilidad que tienen es animarlos a volver a sus países y que vengan por la vía legal”.