La Comisión Europea (CE) ha decidido hacer frente al trabajo ilegal de los inmigrantes y al denominado “efecto llamada” que se asocia con estas prácticas irregulares de empleo con una nueva normativa, presentada ayer, que incrementa las inspecciones y endurece notablemente las sanciones.

“Europa no tolerará más el trabajo ilegal de los inmigrantes”, afirmó el comisario de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, al presentar una serie de decisiones de la CE sobre inmigración, entre ellas un proyecto de directiva contra el trabajo ilegal.

El proyecto propone aumentar las inspecciones laborales hasta un mínimo del 10% anual de los 22 millones de empresas que hay en la UE, frente al actual 2,8% que para Frattini es igual que “nada”.

Las sanciones se prevén tanto para empresas como para particulares, lo que significa que también serán penalizadas actividades como el trabajo doméstico ilegal, que, según la Comisión, es uno de los principales focos de empleo negro en España.

Las empresas con trabajadores indocumentados serán objeto de multas incluidos los gastos de repatriación de los inmigrantes y pago de salarios, impuestos y cotizaciones sociales atrasadas.

Además, las empresas podrán ser excluidas de recibir subsidios públicos (incluidas las ayudas comunitarias) durante un período de hasta cinco años, y tampoco podrán participar en licitaciones públicas durante el mismo período.

Según Frattini, es necesario poner en marcha estas medidas a nivel de toda la UE porque muchos de los países comunitarios no “hacen los deberes” a la hora de vigilar el trabajo en negro: “Hay tolerancia y falta de aplicación de las leyes nacionales para descubrir a los emigrantes ilegales”, afirmó.