La Comisión europea propuso ayer miércoles a los Estados miembros una armonización mínima de penas para empresarios que contratan inmigrantes ilegales, a fin de reducir el atractivo del continente para las avalanchas de irregulares que buscan un futuro en Europa.

La propuesta, que deberá ser considerada por el Consejo de Ministros y el Parlamento de la UE, prevé el establecimiento de multas y sanciones administrativas, que podrían alcanzar la condición de penales en determinadas circunstancias.

Actualmente, sólo 14 Estados miembros contemplan sanciones penales para las personas que contratan ilegales y, aún así, la tipificación del delito varía considerablemente de un país a otro.

«La verdad es que la experiencia demuestra que las medidas adoptadas hasta ahora no han servido para acabar con esas prácticas empresariales», decía el vicepresidente de la Comisión europea, Franco Frattini, durante la presentación de la iniciativa.

Régimen unitario

La Comisión no busca imponer un régimen unitario de sanciones, que quedarían al arbitrio de los Estados miembros, por ser esta una competencia que no se encuentra transferida. Lo que sí quiere es que actos equivalentes tengan un castigo equiparable en Europa.

Y si la acción es grave (por reincidencia, por el número de ilegales contratados, por condiciones laborables difíciles o porque la víctima haya sido esclavizada por alguna red), que se impongan penas de cárcel. Las sanciones se prevén tanto para empresas como para particulares, lo que significa que también serán penalizadas actividades como el trabajo doméstico ilegal que, según la Comisión, es uno de los principales focos de empleo negro en España. Bruselas va más lejos: quiere que los Estados miembros se comprometan a controlar al menos un 10 por ciento de las empresas que se sirven de ilegales. Actualmente, esos controles son casi inexistentes. En 2006 apenas alcanzaron al 2 por ciento de las empresas, según datos barajados por la Comisión.

De acuerdo con estadísticas difundidas ayer, son al año entre 45,5 y 8 los millones de inmigrantes ilegales que llegan a Europa, con un incremento anual estimado de entre 350.000 y 500.000 personas.