LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL

BRUSELAS. La Agencia de control de fronteras, Frontex, precisa en Canarias de más y más eficaces medios. Así lo afirmó ayer en Bruselas el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, que denunció el «insuficiente» dispositivo actual y pidió al director de la agencia, Ilka Laitinen, un refuerzo de la misión de patrullas «ya mismo».

Frattini instó a los Estados miembros a movilizarse y enviar los medios disponibles para reforzar el control de la frontera en virtud del compromiso firmado de dotar a Frontex de 116 barcos, 27 helicópteros y 21 aviones. El comisario, que insistió en que Frontex debería ser una misión permanente y no temporal, hizo un llamamiento a las patrullas europeas a hacer un «mejor» control de las fronteras, que el año pasado lograron sortear 19.000 inmigrantes.

Un calco de 2006

Y es que este mes de mayo parece ser un calco del que España vivió en 2006, cuando sufrió su peor crisis por la llegada masiva de inmigrantes. Canarias vio llegar a sus costas el pasado fin de semana a un millar de subsaharianos, que no tardarán en sustituir el hacinamiento del cayuco por el de una «casa patera», ya que las repatriaciones muchas veces no se ejecutan.

Evitar precisamente la contratación ilegal y acabar con la explotación de inmigrantes ilegales que trabajan en muy malas condiciones es lo que se propone la UE con el lanzamiento de una nueva propuesta que pretende sancionar a los empresarios que contraten trabajadores ilegales.

Sanciones penales

Según el texto, los empleadores deberán comprobar el permiso de residencia o un equivalente antes de contratar a una persona de un país tercero o, de lo cotrario, se verán sujetos a multas como el pago de la repatriación del trabajador, o del salario, los impuestos y la cotización de la seguridad social pendientes. Otras sanciones de carácter administrativo se refieren a la pérdida de subsidios europeos o la exclusión de los contratos públicos durante cinco años.

Pero la Comisión Europea va más allá y contempla incluso sanciones penales en los casos más graves, como la reincidencia, el contrato de al menos cuatro ilegales, condiciones de trabajo improcedentes o conocimiento de que el contratado es víctima del tráfico de personas. Además, el texto, que todavía debe pasar el examen del Consejo de Ministros y de la Eurocámara, propone que se intensifique el control sobre los empleadores. En 2006 apenas el 2% de los empresarios fue controlado y la CE propone el control de al menos el 10%.