Linda y Nadia se conocieron durante un viaje solidario a Senegal. Se hicieron amigas y, desde enero, también comparten trabajo en la asociación de mujeres inmigrantes marroquíes Amal Andaluza. Tienen algo más en común: en algún momento de sus vidas ambas abandonaron sus países de origen y comenzaron de cero en Sevilla.

La marroquí Nadia Bouzid lo hizo hace 20 años, tiempo suficiente para que hayan nacido en la ciudad andaluza incluso sus dos nietos. La francesa Linda, deseosa de romper la monotonía vital que barruntaba en París, aterrizó en Sevilla hace un lustro. Ambas trabajan y pagan impuestos, pero una goza de menos derechos políticos que la otra por su procedencia. “Estamos ejerciendo deberes sin tener derechos, te piden pero no puedes pedir nada”, sostiene Bouzid.

Ella jamás ha votado, tampoco en Marruecos. “El día que pueda me haré una foto”. Abandonó su país cuando era una adolescente para estudiar en Bélgica, se casó, tuvo una hija y regresó a Tánger tras su divorcio. Por poco tiempo. En diciembre de 1986 se instaló en Sevilla, donde comenzó a trabajar como interna en la casa de José Rodríguez de la Borbolla, a la sazón presidente de la Junta.

Nadia ha vivido con la idea de retornar a Bélgica en el entrecejo, pero finalmente se fue quedando junto al Guadalquivir, a un paso de su familia marroquí. En la Expo, donde trabajó de azafata y relaciones públicas – habla francés, holandés, árabe clásico y español – , contactó con Sevilla Acoge y así comenzó su periplo por las organizaciones sociales que trabajan en el campo de las migraciones hasta desembarcar en Amal

Tiene papeles desde el minuto uno y un piso en propiedad por el que paga el Impuesto de Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Sevilla. Hace religiosamente su declaración de la renta. Cuenta con planes de pensiones en sucursales españolas. Pero no puede apoyar en las urnas a un programa para gobernar su ciudad ni tampoco podría incorporarse a una candidatura si deseara dar el paso de participar activamente en política. “El derecho al voto es la forma de tener reconocida la ciudadanía, si vivo aquí y pago mis impuestos, tengo derecho”, esgrime.

Desde que se creó la Plataforma que reivindica el derecho al sufragio para todos los residentes extranjeros, Nadia se ha implicado de forma activa. Ella, además, podría acceder al derecho al voto en cuanto consiga la nacionalidad española – algo que pueden tramitar los marroquíes que llevan más de una década residiendo en España, un periodo mayor que el exigido a otras nacionalidades – , pero considera que es una suerte de trampa. “Renunciar a la nacionalidad es algo voluntario, no debería ser necesario para acceder al voto”, defiende.

Desde luego, Linda no ha tenido que hacerlo ni cree que el criterio para ejercer un derecho político deba ser la nacionalidad. Los ciudadanos comunitarios pueden votar en los comicios europeos y locales, aunque el Parlamento europeo ha recomendado en reiteradas ocasiones a los estados miembros que extiendan este derecho a los inmigrantes regularizados. Sólo Bélgica, Irlanda y Holanda, según la plataforma, han atendido este requerimiento.

Linda ignora aún a quién votará para la alcaldía de Sevilla, pero sí tiene claro que lo hará: “Me conviene porque afecta a lo cotidiano”. Las elecciones que la han mantenido atrapada en los últimos tiempos han sido las presidenciales de su país, aunque su apuesta haya fracasado: “He votado a Royal, tengo el corazón más a la izquierda”.