El Gobierno español mantiene recluidos desde hace casi tres meses a 23 inmigrantes que viajaban a bordo del barco Marine I y que permanecen encerrados en una nave del puerto de Nuadibú, en Mauritania. Las ONG acusan al Ejecutivo de haber creado en este país africano una especie de Guantánamo donde no rige ninguna legislación y también dan la voz de alarma ante el deterioro de la salud de estos sin papeles.

Tras 85 días sin ver la luz en una nave de pescado y otros dos meses de encierro navegando en la bodega de un buque, este grupo de extranjeros comienza a sufrir frecuentes cuadros de ansiedad con mareos, taquicardias y sensaciones de angustia. Los 23 ocupantes del buque son los únicos de los 369 sin papeles que no han podido ser repatriados, ya que se han negado a colaborar con la Policía y retornar a sus países.

La legislación española tan sólo permite que los inmigrantes irregulares permanezcan retenidos en los centros de internamiento durante 40 días, mientras se tramitan sus órdenes de expulsión. Ése es el plazo máximo con el que cuenta el Ministerio del Interior para repatriarles ya que, si no lo consigue, los sin papeles quedan en libertad.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) y Médicos del Mundo critican que estas 23 personas estén bajo la responsabilidad del Gobierno español y, sin embargo, no se les aplique nuestra normativa. Además, han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar el traslado de estos inmigrantes a un tercer país africano. Las ONG reclaman que los últimos pasajeros del Marine I sean enviados a España y censuran que ninguna autoridad judicial haya intervenido en el proceso. Mientras tanto, el colectivo Queda la Palabra ha presentado una queja ante la ONU «por la gravísima crisis humanitaria que ha generado el Gobierno español con los ocupantes del Marine I».

El Ministerio de Asuntos Exteriores está negociando intensamente con Guinea – Conakry, de donde partió el buque, y con Pakistán, país de donde supuestamente son originarios los inmigrantes. El Ejecutivo se niega en rotundo a que estos sin papeles acaben en España.