Madrid – Tres de las grandes ONG dedicadas a la inmigración (La Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación pro derechos humanos
de Andalucía (Aphda) y Andalucía Acoge han puesto en manos del Supremo el
último de los reales decretos aprobados por el Gobierno que regula el
régimen de los ciudadanos europeos y sus familias. «Vulnera el principio
de igualdad», dicen.
   El decreto afecta a los más de 30.000
extranjeros que cada año adquieren la nacionalidad española cuando se
disponen a traer a España a sus familiares. La cuestión es que, tal y como
está la ley, un francés que viva en España, por ejemplo, tiene menos
dificultades para reagrupar a sus padres que un marroquí nacionalizado
español que pretenda hacer lo mismo. Si bien en el primer caso sólo sería
necesario acudir al consulado español donde residan los progenitores para
obtener el visado que les permita obtener la residencia en España, los
trámites serían mucho más complejos para el marroquí nacionalizado. No
sólo debería llevar un año en España y tener el permiso de residencia
renovado, también debería justificar que dispone de una vivienda digna y
de medios económicos suficientes para mantenerlos. El trámite en ciudades
como Madrid no se resuelve antes de un año.
   Las tres ONG
coinciden en que «se trata de poner las cosas más difíciles a los
extranjeros nacionalizados que pretenden traerse a sus familiares» y crea
«ciudadanos españoles de doble velocidad», en función del país de
procedencia. «No es un error», dice Arsenio García, responsable del
servicio jurídico de CEAR. Se ha hecho así «con conocimiento de causa».
   Y es que El Consejo de Estado y el Foro de Inmigración (un órgano
dependiente del Ministerio de Trabajo), ya alertaron de la situación de
discriminación que podría generarse.