SAN SEBASTIÁN. DV. Durante el curso escolar 2005 – 2006, el más reciente del que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco facilita datos, casi 93.000 de los poco más de 342.000 alumnos que cursaban enseñanzas no universitarias en la CAV percibían algún tipo de beca que ayudaba a sus familias a cubrir gastos derivados de la escolarización de sus hijos, como la adquisición de material didáctico, los desplazamientos, el comedor, ayudas directas a la enseñanza – en los períodos de escolarización no obligatoria – u otro tipo de prestaciones compensatorias.

En total, el pasado curso se destinaron a este fin más de 31 millones de euros, fundamentalmente dirigidos a las ayudas para los gastos de comedor – más de 18 millones – , y a la adquisición de material didáctico, una ayuda considerada básica que se concede, además de como ayuda autónoma, a todo aquel que perciba alguna de las restantes.

Un perfil común

Los datos cuantitativos referidos a estas ayudas, que se asignan conforme a un criterio estrictamente económico en función del nivel de renta de las familias y su número de miembros, sólo reflejan en primera instancia el porcentaje de alumnos cuyas familias se encuentran en niveles de renta bajos que requieren de recursos públicos para que su escolarización se produzca en condiciones de igualdad formal.

El Consejo Escolar de Euskadi, sin embargo, ha dado un paso más en su último Informe sobre la Situación de la Enseñanza en la CAV, analizando cualitativamente éste – con datos referidos al curso 2004 – 2005 – y otros indicadores (los indicadores de pobreza, el índice socioeconómico y cultural…) y poniéndolos en relación con las expectativas de éxito escolar y, en el otro extremo, con el riesgo de fracaso.

Y, en definitiva, con la evaluación de la adquisición de competencias que tan polémica ha resultado en algunas ocasiones, sobre todo cuando se asignan a algunos centros mejores resultados que a otros sin tener expresamente en cuenta variables como la situación socioeconómica del alumnado y su entorno familiar y social. Aunque formalmente no establece relaciones directas entre ambos aspectos, elabora un retrato de la realidad educativa que puede ayudar a entenderlos mejor. La primera constatación llamativa del informe del Consejo Escolar – que ha abordado esta cuestión en todos los informes que ha elaborado hasta la fecha – , es la gran concentración de alumnado becario en determinadas zonas geográficas, en determinado tipo de centros y en determinados modelos lingüísticos.

Aunque la distribución territorial que puede verse en el gráfico adjunto no plantea grandes desequilibrios entre Álava, Gipuzkoa y Vizcaya, una observación más detallada de los datos muestra que el porcentaje de becarios por centro, que determina la cantidad relativa de alumnado que está por debajo de un determinado nivel de renta, es especialmente alto en distritos escolares de Bilbao y la Margen Izquierda, produciéndose la situación inversa en algunos distritos del interior de Gipuzkoa y de Donostia. Así, de los 31 centros escolares de la CAV cuyo porcentaje de becarios es igual o mayor al 71%, 21 están en Vizcaya – 10 de ellos en Bilbao y 7 en la Margen Izquierda – , seis en Álava – todos ellos en Vitoria – y sólo tres en Gipuzkoa, dos en San Sebastián y uno en Errenteria.

Los centros que escolarizan a alumnos procedentes de familias con rentas más bajas y que, en consecuencia, tienen un mayor porcentaje de becarios, comparten también una serie de rasgos comunes: 29 de 31 son públicos; se trata de centros pequeños con 140 alumnos de media que no imparten ESO y predomina en modelo A, solo (16) o en combinación con otros modelos (7). En 11 centros se imparte el modelo B, y en seis el D.

Más allá de los casos que puedan resultar más extremos, tomando en consideración todos los centros independientemente de cuál sea el porcentaje de alumnos becarios, se advierte que la media del 29% de becarios para todo el sistema educativo asciende al 36% en la red pública, y desciende al 23% en la concertada, si bien en esta última hay notables diferencias en función de la titularidad de los centros. Kristau Eskola supera la media de la escuela pública, acercándose a la media total, y las ikastolas de Partaide están muy cerca de la media del sector concertado en el que se enmarcan, quedando claramente por debajo otras patronales. Hay que destacar, en cualquier caso, que sea cual sea la naturaleza de la red o de la patronal la situación cambia considerablemente en función de la situación de cada centro y cada distrito.

En el gráfico adjunto se puede observar que el porcentaje de becarios es mayor en el tramo de enseñanza obligatoria de 3 a 16 años que si se toma en consideración todo el grupo de enseñanzas no universitarias prolongando el tramo de edad hasta los 19 años. «Es sabido que en las etapas postobligatorias el porcentaje de alumnado becario es menor, como consecuencia de que la selección para el ascenso a estas etapas deja fuera en general al alumnado de rentas más bajas», aclara el informe.

El trabajo realizado por el Consejo Escolar de Euskadi constata también que «en los modelos A y B de la red pública se concentra la matrícula de los alumnos de rentas más bajas, mientras que en los modelos A y D de la privada lo hacen los de rentas más altas».

Dado que el mapa geográfico y tipológico de los centros que acumulan un alto porcentaje de alumnos procedentes de familias con rentas bajas encaja con bastante precisión en el que dibujan el Estudio sobre la Pobreza realizado por el Gobierno Vasco en 2004 y otros trabajos sobre la misma materia, el informe indica que «se cuenta con suficientes indicadores para caracterizar externamente los centros predispuestos – por las características de su alumnado y del entorno – a obtener menores tasas de éxito escolar, niveles más bajos en la adquisición de las competencias necesarias para la vida social de adulto».

Algunas sugerencias

El informe, que presta una atención especial al análisis de la situación del alumnado inmigrante y de etnia gitana, parte de la necesidad de «caminar hacia un doble objetivo: la equidad y la excelencia; hacer compatibles altas expectativas de aprendizaje para los más dotados con una buena capacitación para todos». Parafraseando el segundo Informe PISA Euskadi 2003 realizado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, define la equidad como la capacidad de «asegurar que todo alumno o alumna tenga acceso a una oferta escolar de calidad equivalente y de compensar o al menos no ampliar las desigualdades de origen del alumnado».

Según se deduce del informe, sin embargo, la situación actual conduce a seleccionar al alumnado en función de su origen social, practicando una especie de determinismo que no ayuda a ir reduciendo las desigualdades. En ese sentido, sugiere a la administración educativa que evite, «a través de los procesos de matriculación y del control de la gratuidad, que se produzcan diferencias significativas en el nivel socioeconómico del alumnado entre centros de la misma zona, lo que a la luz del análisis efectuado sucede de manera evidente en algunas de ellas».