El último Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), celebrado hace 10 días en Luxemburgo, alumbró cambios importantes en la política de inmigración de los Veintisiete. Alemania y Holanda, los dos países que criticaron el proceso de normalización español de 2005, anunciaron sendas regularizaciones masivas de sin papeles y solicitaron asesoramiento al Gobierno español. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí (Almería, 1957), que participó en la reunión, considera que allí la UE asumió la política de inmigración española.

Pregunta. Las regularizaciones anunciadas por Alemania y Holanda, ¿son una buena o una mala noticia?

Respuesta. Creo que son una rectificación en toda regla, no sólo por las críticas que se llegaron a hacer, sino porque sus procesos serán similares al nuestro. No obstante, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior les ofrecimos nuestro respeto, comprensión y apoyo. Apoyo, en el sentido de aportar lo que estimen oportuno de nuestra experiencia. Por cierto, hace apenas unas horas el Gobierno alemán se ha dirigido a nosotros para solicitar que le expliquemos nuestra política, lo que haremos pronto.

P. El PP aprovechó aquellas críticas de alemanes y holandeses para acusar al Gobierno de hacer una política contraria a los intereses de Europa.

R. El PP dijo muchas cosas que se han demostrado falsas. Por ejemplo, que el proceso de normalización español vulneraba la legislación comunitaria, cuando lo cierto es que esos procesos son potestad de cada Estado. Otra fue que la normalización española era un proceso aislado y que en la UE no iban a realizarse operaciones similares, lo cual acaban de desmentir Alemania y Holanda.

P. También dijo que la normalización produciría un efecto llamada, y algunos datos parecen avalar esa afirmación.

R. Otra falacia. Uno de los consensos centrales del último Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la UE fue precisamente apartar de cualquier reflexión que las regularizaciones tenían efecto llamada. El comisario [de Interior y Justicia, Franco] Frattini afirmó, y nadie le contradijo, que el efecto llamada lo causan el empleo ilegal y la economía sumergida. No sólo lo dijo así de claro, sino que presentó un proyecto de directiva muy contundente contra los empresarios que contratan mano de obra clandestina. Por cierto, solicitó nuestra normativa sancionadora para trabajar en su directiva.

P. Oyéndola, parece que España ha pasado de ser denostada a convertirse en país de referencia para Europa.

R. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Fíjese, Frattini presentó además dos informes que tienen que ver con el enfoque global de la inmigración que hemos defendido en estos años. Uno de ellos busca trabajar juntos no sólo en el control de fronteras, como se ha hecho hasta ahora, sino en la regulación de los flujos migratorios (esto es: la inmigración económica legal), en la integración (sobre la que muchos países se resistían a hablar) y en vincular las políticas de inmigración a la política de desarrollo. Por tanto, los cuatro ejes de la política que viene desarrollando el Gobierno español forman ahora parte de la agenda de la UE. Es decir, la UE ha asumido la política española.

P. Sin embargo, aún no existe una política exterior común en materia de inmigración. España sigue sola cuando tiene que negociar la repatriación de inmigrantes indocumentados en África.

R. El Gobierno mantiene un esfuerzo muy serio en contra de la inmigración clandestina, lo que no equivale a decir que sea fácil. Es cierto que todavía no existe una política común, pero llevamos tres años liderando en Europa la necesidad de que la inmigración sea un tema prioritario en la agenda política y creo que se avanza para alcanzar ese objetivo. El comisario Louis Michel, que se ocupa de la cooperación, tiene un presupuesto muy importante y África es uno de sus objetivos prioritarios. Queremos vincular esa política de desarrollo a las políticas de inmigración. Si trabajamos juntos en África para reducir la pobreza, tendremos más éxito para combinar la necesidad de trabajadores que tienen las sociedades desarrolladas de la UE con una inmigración ordenada, que haga posible que las personas no salgan de sus países clandestinamente.

P. Ha dicho que muchos países europeos se resistían a hablar de integración. ¿Por qué?

R. Ha sido muy evidente. Por ejemplo, hace poco más de un año se produjeron importantes resistencias de algunos países a crear desde la Unión Europea un Fondo de Integración, aunque finalmente se aprobase.

P. Ustedes acaban de poner en marcha un plan de integración de inmigrantes con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros en cuatro años. Es mucho dinero.

R. La integración es un objetivo de primer orden para el Gobierno. Hasta ahora no había existido una política homogénea para hacer posible la convivencia entre españoles e inmigrantes. Hay que recordar que el último Ejecutivo del PP sólo dedicó siete millones de euros a este asunto. Por eso se consideró necesario crear un fondo, que este año alcanza los 200 millones de euros, para colaborar en las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Ahora se ha aprobado, además, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Los 2.000 millones que aporta son un esfuerzo muy importante. Pero también es importante que establece un marco de cooperación, hasta ahora inédito, entre la Administración central y las administraciones autonómicas y locales.

P. ¿La puesta en marcha del plan no implica reconocer que existe un problema de integración?

R. Implica reconocer que tenemos una nueva sociedad, en la que los españoles conviven con personas procedentes de otras culturas, y que ello conlleva oportunidades pero también algún riesgo. Esa convivencia influye en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la vivienda. Había que actuar con las otras administraciones para evitar que lo que hoy aún no es un problema llegue algún día a serlo. Durante dos años, hicimos consultas y concluimos que necesitábamos un modelo capaz de articular respuestas para las segundas generaciones. Porque, en otros países, los conflictos sociales han aflorado fundamentalmente cuando las segundas generaciones no han podido optar a una posición de acuerdo con su formación y su capacidad.

P. ¿Y qué hay que hacer para evitar que eso suceda? Porque ahí han fracasado muchos.

R. Los tres ejes de nuestro plan son la igualdad, la ciudadanía y la interculturalidad. Igualdad de derechos y de obligaciones. Ciudadanía, que fomenta el sentido de pertenencia a esta sociedad. E interculturalidad, esto es, incorporar instrumentos para hacer posible la convivencia desde el respeto, evitando la creación de sociedades paralelas.

P. ¿Cómo se lleva todo eso a la práctica?

R. Debemos afrontar la situación con realismo. Hay en España un número muy importante de ciudadanos extranjeros. Superan el 8%. Y, aunque el porcentaje es menor que el de otros países, su llegada se ha producido en poco tiempo. Eso ha creado contradicciones entre los españoles. Debemos actuar, por ejemplo, para que los servicios públicos no se deterioren. La aportación de este plan es adicional a la financiación que las comunidades autónomas ya reciben del Estado con ese objetivo, en función de sus habitantes, sean éstos nacionales o extranjeros. Y está destinada no sólo a los inmigrantes, sino a toda la población. Se trata de aplicar políticas concretas en cada lugar para que la convivencia no se lesione.