Los opositores a Correa destituidos por el Tribunal Electoral alegan estar en situación de «riesgo», después de que una fiscal decretara su captura Casi a la misma hora en que Rafael Correa rendía cuentas por sus primeros cien días de gobierno, un grupo de opositores viajaba a Colombia para buscar refugio. Seis ex diputados están desde la noche del martes en Bogotá huyendo de una orden de captura solicitada por una fiscal que los acusa de sedición. Llegaron a bordo de un avión privado del ex candidato presidencial Alvaro Noboa. A ellos se les unieron ayer tarde otros doce que viajaron por carretera.

Ante Camilo Reyes, viceministro de Exteriores de Colombia, los ex parlamentarios Gloria Gallardo, Alfonso Harb, Sylka Sánchez, Luis Fernando Torres, Fernando Aguirre y Alfredo Serrano, de los partidos Socialcristiano y Prian, denunciaron la gravedad de su situación por considerarse perseguidos políticos y solicitaron protección. «Vinimos porque ha habido un colapso del ordenamiento jurídico», le dijo a EL MUNDO Alfonso Harb. «Hemos analizado en la Cancillería todos los escenarios, incluido el asilo político, para ver cómo será nuestra estancia en Colombia mientras nos dan en Ecuador garantías para ejercer la oposición».

Les acompañó el diputado colombiano del Parlamento Latinoamericano Roy Barrera. Justificó la voz de alarma lanzada porque «han sido, en su opinión, despojados de su investidura y sus derechos políticos y de las mínimas garantías democráticas en el vecino país». Indicó que la petición de protección fue acogida con una actitud «comprensiva y respetuosa» y que será estudiada por el presidente Uribe.

Barrera no ocultó que la decisión de los legisladores ecuatorianos de refugiarse en Colombia complicará aún más las ya de por sí difíciles relaciones entre ambas naciones, en cuidados intensivos desde la llegada al poder de Correa. Sin embargo, anoche, el Ministerio de Exteriores ecuatoriano anunció que regresará el embajador a Bogotá, que fue llamado a consultas antes de que el gobernante socialista llegara a Carondelet.

Para intentar enfriar la tensión política, el propio Rafael Correa calificó de inoportuna tanto la decisión de la fiscal como la demanda del presidente en funciones del Congreso, Miguel Castro, que la provocó. El líder del bloque Dignidad Nacional, recién creado por los parlamentarios sustitutos, acusó a 24 de los 57 congresistas expulsados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de atentar contra la seguridad del Estado así como del «delito de sedición y de arrogancia de funciones». A su juicio, se atribuyen el derecho de considerarse parlamentarios, lo que no pueden hacer, puesto que fueron expulsados en marzo pasado por el TSE.

Si bien el presidente ecuatoriano ahora quiere que Miguel Castro retire la demanda y que la fiscal y la jueza que estudia la causa se olviden del caso, él mismo prendió la hoguera hace tres días, cuando advirtió a los congresistas que intentaban recuperar sus escaños que podrían ir a la cárcel si persistían en su intento. Castro rechazó la advertencia y aseguró que en ninguna circunstancia daría marcha atrás.

El presidente Uribe, que despacha con su gabinete esta semana desde Cali, dejó el análisis de la situación de los ex congresistas para una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que convocó para la tarde de ayer (madrugada española) en Casa Nariño. Al cierre de esta edición no se conocía su posición.

La secretaria de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Mónica Chuji, aseguró desde Carondelet que el Ejecutivo no intervendrá en el asunto puesto que «aquí nadie les está persiguiendo y ellos son libres, los diputados o los ex diputados, de pedir asilo político en cualquier país que ellos convengan».

En cuanto al Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron destituidos el martes en la sesión ordinaria del Congreso, no hay acuerdo aún entre las formaciones que apoyan al Gobierno, que son ahora mayoría, sobre cuándo conformarlo. Unos piensan que es mejor esperar a la Asamblea Constituyente, que será votada en las urnas el 30 de septiembre próximo, mientras que para otros es preferible escoger ya a sus vocales entre las ternas que deberán presentar en 20 días los diferentes órganos judiciales y el Ejecutivo.

Mientras la crisis política se agudiza, la popularidad de Rafael Correa crece. Según el último sondeo de Cedatos Gallup Internacional, su aceptación es del 76%, lo que le sigue dando un amplio margen de gobernabilidad a pesar de los enfrentamientos entre los otros dos poderes estatales.