Seis diputados de la oposición ecuatoriana pidieron ayer al Gobierno colombiano que les conceda asilo político. La solicitud fue formalizada ante el viceministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes, quien recibió a los legisladores del país vecino, según informó el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, el congresista colombiano Roy Barreras. El legislador advirtió a la prensa que la petición puede alcanzar a otros 10 diputados que entraron el martes en Colombia por la frontera sur y que tienen previsto desplazarse a Bogotá.

El asilo fue solicitado en principio para Sylka Sánchez, Gloria Gallardo, Luis Fernando Torres, Alfonso Harb, Alfredo Serrano y Mauricio Ponce, que viajaron el martes por la noche (hora local) a la capital colombiana. Los seis integran un grupo de 24 diputados contra quienes una fiscal en Quito emitió la víspera una orden de detención preventiva bajo el cargo de sedición.

La medida judicial fue adoptada un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador restituyera la condición de diputados a 51 de los 57 legisladores a quienes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su país destituyó el pasado marzo por interferir en el proceso de la Asamblea Constituyente convocado por el presidente, Rafael Correa.

El congresista colombiano Barreras explicó en el Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería en Bogotá, que el vicecanciller Reyes anunció a los diputados que antes de que finalice la semana tendrán una respuesta a su solicitud de asilo. Mientras tanto, “tendrán todas las garantías para permanecer en el territorio [colombiano], protegidos”, agregó Barreras.

La petición está basada en la opinión de los opositores, quienes consideran que “han sido (…) despojados de su investidura y de sus derechos políticos, y de las mínimas garantías democráticas en el vecino país”, aclaró el político colombiano.

La solicitud de asilo fue formalizada pocas horas después de que el diputado Torres declarara a la radio bogotana RCN que esa figura no estaba en los planes de los congresistas que se trasladaron a Bogotá.

El caso de los legisladores ecuatorianos fue asumido con absoluta discreción por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que afronta desde el pasado diciembre una crisis diplomática con su homólogo Correa por la fumigación de plantaciones de hoja de coca con glifosato en la frontera que comparten ambos países.

Uribe dijo durante una conferencia de prensa en Cali, adonde trasladó de forma temporal la sede de la presidencia el pasado lunes, que “eso lo tiene que mirar delicadamente la Cancillería”.

“Éste [Colombia] es un Estado de Leyes”, apuntó el gobernante, y defendió que “el presidente de Colombia tiene que ser un respetuoso de la normatividad”.