Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian cada año los abusos y la explotación que sufren una parte significativa de los más de ocho millones de trabajadores extranjeros en Arabia Saudí. Jornadas laborales de hasta 20 horas, reclusión en el lugar de trabajo, impago de salarios, conversiones forzosas al islam, malos tratos y, en el caso de las mujeres, abusos sexuales. Unas condiciones muy próximas a la esclavitud.
Durante dos años Micaela estuvo encerrada en una habitación con otros cinco empleados de una sastrería de Damam, en el este del país. Trabajaba 14 horas a cambio de 150 euros al mes que nunca cobró. “Los dueños nos gritaban todo el tiempo y a veces nos abofeteaban y nos tiraban cosas”, dice esta mujer filipina de manos agrietadas como la tierra del desierto.

Centro de acogida
Desesperada al no poder enviar dinero a su familia, se las ingenió para escapar. Fue a parar al centro de acogida de la embajada filipina en Riad, creado para los trabajadores que huyen. Los extranjeros dependen de un patrocinador, que provee su alojamiento, manutención y un billete de avión a su país cada uno o dos años. Esta figura jurídica es un arma de doble filo porque “cuando llegan, el patrocinador les retira el pasaporte, con lo que pasa a ser dueño de su trabajo pero también de su vida privada”, explica un diplomático europeo.
En el centro, Micaela se encontró con otras 150 mujeres fugitivas. Algunas con historias más terribles que la suya. Nora, de 16 años, fue violada en su primer día como empleada doméstica. Noemí, de 38, trabajaba desde las 5.30 de la mañana hasta casi la medianoche limpiando la residencia de un médico y cuidando de dos niños. No tenía días libres, le prohibían salir de casa y no le pagaban. Para colmo, sufría los celos de la dueña. “Un día me acusó injustamente de flirtear con el marido. Me encerró en una habitación y me azotó con un cable de la luz”, relata con lágrimas en los ojos. Las palizas, a las que se sumó uno de los hijos, siguieron durante dos meses, hasta que acabó en el hospital. Cada año huyen de sus patrocinadores unas 20.000 empleadas domésticas.
Desde los años 60, Arabia Saudí ha recurrido a la mano de obra extranjera para modernizar el país con los ingresos multimillonarios del petróleo. Hoy son un tercio de una población de 26 millones y el 67% de su fuerza laboral, porcentaje que asciende hasta el 95% en el sector privado, según el Ministerio de Trabajo.
Las condiciones de los trabajadores varían abismalmente según su cualificación y origen. En la cúspide de la pirámide, los occidentales – – médicos, ingenieros, informáticos – – cobran hasta tres veces más que en sus países y viven en colonias cerradas con jardines y piscinas. Los árabes son profesores, contables o médicos. Pero la gran mayoría, procedentes del subcontinente indio y el sureste asiático, reciben salarios de 150 o 200 euros en un país donde un administrativo cobra 1.500. Maniatados por la amenaza de la deportación y sin sindicatos – – prohibidos – – , son la diana de todos los abusos.

Sociedad tribal
“Somos una sociedad tribal, nómada hasta hace poco. Algunos saudís siguen creyendo que cuando contratan a un trabajador pasa a ser de su propiedad, como un esclavo”, explica el abogado Omar Al Saab, involucrado en temas de derechos humanos. El reino abolió la esclavitud en 1962, pero según el vicecónsul filipino, Gerardo Abiog, “muchos siguen refiriéndose a sus empleados extranjeros como kadama esclavos”.
Rajiv, por ejemplo, emigró desde el sur de la India tras pagar 2.000 euros. Venía a trabajar como camionero, pero ha acabado en una granja en medio del desierto cuidando camellos y cabras. “El dueño le lleva pan duro y cebollas cada tres días, le azota y no le ha pagado en seis meses los 120 euros de salario prometidos”, cuenta su amigo Mujter Ahmed. Él y otros compañeros intentaron rescatarlo, pero el empleador les amenazó con llevarlos a la cárcel.
Arabia Saudí elaboró en el 2005, año de su entrada en la Organización Mundial del Comercio, una nueva ley del trabajo que – – aunque no regula el empleo doméstico – – obliga a contratar un seguro médico para los empleados, darles un día de descanso semanal y 24 de vacaciones. Pero se necesita tiempo para lograr un cambio de actitudes. Según las organizaciones humanitarias, la ley no es hasta ahora más que “papel mojado”.