A partir del primero de abril los países europeos socios del acuerdo de Schengen piden visado a los bolivianos para que puedan entrar en Europa. Así se han cerrado las puertas a muchas personas que desean emigrar. Lo demuestra el hecho de que los últimos días antes de la entrada en vigor del visado fueron una verdadera odisea para miles de bolivianos. Hubo denuncias de estafas por parte de agencias de viaje que vendieron billetes para pasajes de avión a Madrid inexistentes, incidentes violentos y huelgas de hambre. Hasta la Fuerza Aérea boliviana organizó vuelos para pasajeros a países intermedios, como por ejemplo Brasil, para los bolivianos que no encontraban pasajes en vuelos directos a Europa.

Según una encuesta, el 54 por ciento de los bolivianos emigraría a otro país si pudiera hacerlo. Otras fuentes dicen que los bolivianos en el extranjero representan hasta un tercio de los 9 millones de residente en el país.

No se trata en este espacio de juzgar una medida como el visado cuya perspectiva europea es, teóricamente, dar protección laboral y social a los emigrantes, y al mismo tiempo proteger a los trabajadores europeos de la erosión salarial que provocan involuntariamente los inmigrantes ilegales. Vista desde Bolivia, es difícil tener una posición clara sobre la cuestión de la emigración latinoamericana a Europa. Podría afirmarse que hay razones válidas para estar en contra y en favor.

En el paisaje peri-urbano de los barrios pobres sin agua ni alcantarillado de la mayoría de las ciudades de Bolivia existe un tipo de edificio que llama la atención. Son construcciones de ladrillo, cal y arena que crecen rápida e inesperadamente. Son el efecto más visible del impacto económico de la emigración de los bolivianos a Europa: viviendas que se construyen a plazos, en la medida que llegan los euros de las remesas de los inmigrantes que trabajan en los países del viejo continente.

Los bolivianos las llaman “euro-casas”. El crecimiento de las “euro-casas” ha implicado una demanda añadida para carpintería, albañilería y otros sectores ligados a la construcción, justo los sectores en los que están implicadas las micro empresas bolivianas, la columna vertebral del tejido económico del país. Cabe recordar que el 80% del empleo en Bolivia es, efectivamente, “autoempleo” generado por microempresas, el 99% de las cuales son empresas familiares.

Por otro lado, en el interior de los muros de dichas “euro-casas”, la situación que se vive refleja una realidad amarga. Algunas organizaciones sociales han denunciado los daños que la emigración provoca en el tejido social de Bolivia. Se trata por ejemplo de padres que dejan a sus hijos con parientes e incluso con vecinos para ir a buscarse la vida a Europa. Familias que se rompen, hijos que pierden el respeto y el amor de los padres ausentes. Padres que, por el complejo de culpabilidad que sienten al haber abandonado a los hijos, les envían dinero de Europa, plata que estos jóvenes abandonados gastan en bienes de consumo. Se forman pandillas de jóvenes con dinero y sin raíces familiares… Ingredientes socialmente explosivos.

La emigración de los latinoamericanos a Europa es una cuestión crítica. La exigencia del visado que ya antes de Bolivia, se aplicó anteriormente a la República Dominicana, a Cuba, a Ecuador, a Perú y a Colombia, crea una situación preocupante para las relaciones entre Europa y América latina. Se trata ahora de encontrar una fórmula de emigración que permita no renunciar a los positivos efectos económicos de las “euro-casas” y que limite al mismo tiempo el daño social que a menudo se vive debajo de sus techos.

La respuesta podría residir, precisamente e irónicamente, en la experiencia histórica que tiene América latina como receptor de inmigración. Se trataría así de reactivar la experiencia de las “golondrinas” de finales del siglo XIX y principios del XX, de aquellas olas de inmigrantes europeos que llegaban solamente para pasar una temporada a las Américas sabiendo que iban a volver a sus casas una vez terminado el contrato de trabajo. Para adaptar esa fórmula a las necesidades contemporáneas, es necesario que, además de los gobiernos, se impliquen también en la toma de decisiones sobre inmigración los sindicatos europeos y las organizaciones sociales latinoamericanas.