La decisión del juez Fernando Grande – Marlaska de citar a declarar como imputados al presidente y a otros tres altos cargos de Air Madrid constituye la primera diligencia judicial contra los responsables de la compañía, a los que la Organización de Consumidores y Usuarios acusa de fraude y estafa por haber vendido billetes a 100.000 pasajeros a los que luego dejó en tierra. El hecho de que la repentina suspensión de los vuelos, decretada en unas fechas tan sensibles como las vísperas de Navidad, haya llegado a los tribunales da prueba de la gravedad de aquella actuación tan anómala e irregular. Y abre una puerta para resarcir a los miles de viajeros afectados, en su inmensa mayoría ciudadanos inmigrantes, que habían invertido sus limitados ahorros en un pasaje en la aerolínea de bajo coste.