CARLA FIBLA – Tánger. Corresponsal
La iniciativa es aparentemente positiva, pero la realidad de los menores marroquíes en su país de origen, las condiciones económicas que los llevan a una emigración prematura, hacen que el proyecto Barcelona-Tánger, cofinanciado con dos millones de euros por la Generalitat y la Unión Europea durante tres años, tenga unas muy limitadas posibilidades de éxito.

En los tres meses de vida del proyecto, se ha creado una oficina en Tánger en la que se coordinan las actividades de prevención y sensibilización – con las que se completará el retorno voluntario-, se concreta la formación profesional para reintegrar a los chavales y facilitarles una vuelta que no suponga una nueva frustración y se ultiman los detalles de los dos pisos (en los que vivirán 4 y 6 menores) en el barrio Branes, desde donde no puede divisarse el mar Mediterráneo.

De los 4.000 menores marroquíes que están tutelados por las comunidades autónomas en España, cerca de 400 viven en Cataluña. Su número aumenta por la escasa colaboración de los consulados marroquíes para localizar a las familias y por el interés relativo de Rabat en que los menores, integrados y aprendiendo un oficio, regresen a las inexistentes infraestructuras sociales de protección del menor en Marruecos, a las que deberían recurrir una vez que son repatriados. Así, acaban convertidos en niños de la calle (según Unicef, en más de un 80% de los casos).

“Pregúntele a cualquier tangerino por el proyecto Barcelona-Tánger. Todos le responderán que es para repatriar menores, que no hay un plan de desarrollo o cooperación”, explica un militante de una asociación de barrio. Con un planteamiento similar, Mercedes Jiménez, antropóloga y miembro del Colectivo Al Jaima, que lleva más de cinco años documentando los casos de retorno, argumenta: “Barcelona-Tánger no protege al menor, sino que consolida la inmigración como forma de promoción. Los que no han tenido acceso a lo que promete el proyecto se lo plantearán. Potencia la inmigración”.

De hecho, desde el colectivo Drari pels Drets de l´Infant, en Barcelona, se advierte de que en el último mes y medio al menos 12 menores han abandonado centros donde estaban tutelados por la Generalitat para viajar a otras comunidades, como el País Vasco. No quieren ser repatriados.

Es el caso de Mohamed. Su madre, Halima, nos recibe en una chabola de uralita de Tánger, en el barrio Ben Diban, donde sólo se puede acceder por calles de tierra. “Me llamó para decirme que se había ido de Barcelona. Ahora está en el norte, intenta que le arreglen los papeles”, explica Halima, que tiene todas sus esperanzas en Mohamed, el quinto de sus nueve hijos. El padre está enfermo, igual que los dos hijos mayores, que son esquizofrénicos y han de medicarse a diario. Además, el hermano mayor se autolesiona y ataca al resto de los miembros de la familia. Halima intenta resistir vendiendo ropa de segunda mano o cuscús. Sin cobertura social ni acceso a la sanidad pública. Mohamed, que llevaba más de un año en Catalunya, es lo único que da fuerzas a Halima para seguir aguantando.

En cambio, Andreu Camps, responsable del proyecto Barcelona-Tánger, está convencido de que es posible probar la hipótesis que han estudiado durante el último año y medio. Asegura que son conscientes de los actuales fracasos para prevenir la inmigración de menores y concreta que su apuesta consiste en cambiar el entorno y los recursos en el origen, Algo para lo que primero tendrán que lograr la confianza de los menores que ya han alcanzado su sueño: estar en Europa.