La inmigración es un tema complejo. Incluye aspectos políticos, económicos, culturales, etcétera, que afectan a las democracias e, incluso, a cómo las sociedades receptoras se entienden a sí mismas. Los parámetros políticos y morales vigentes hace sólo unas décadas se han vuelto obsoletos con rapidez. Hoy ya no resulta presentable pretender, como se hacía hasta los años setenta, que la inmigración debe asimilarse,sin más, a los valores y prácticas de la sociedad receptora. El valor clásico del pluralismo significa hoy respeto a la diversidad cultural. En el caso de sociedades receptoras plurinacionales (Canadá, España, Bélgica), el tema resulta aún más complejo debido al pluralismo nacional interno de la sociedad receptora.

En Catalunya el número de personas de nacionalidad extranjera ronda ya el millón. Ello supone un porcentaje similar al que muestran países tradicionales de inmigración, como Australia, Canadá o Francia. En este caso, sin embargo, la transformación demográfica se ha realizado en un periodo muy corto. ¿Está el país bien preparado para afrontar este tema? Las administraciones públicas, especialmente la Generalitat y los municipios, han llevado a cabo un notable esfuerzo, tanto en recursos como en la orientación de las políticas educativas, sanitarias, sociales, culturales, etcétera. Como en tantos otros aspectos, la buena voluntad ha complementado la inevitable improvisación por una anterior falta de previsión. Éste es un tema de democracia y de país y, por tanto, es un tema de autogobierno.

Las políticas de inmigración pueden visualizarse en tres fases: la de entrada, la de acogidaestabilización y la de acceso a la ciudadanía. ¿Cómo ha quedado este tema en el Estatut del 2006? Hay varios artículos que se refieren a la inmigración: 35.4, 42.6, 84.2m, 138 y 206.6. En ellos se recogen varias aspiraciones al autogobierno, pero al igual que ocurre con otras cuestiones, la regulación estatutaria se queda a medio camino a la hora de poder elaborar un modelo propio de inmigración. En relación con la fase de entrada, se avanza en la autorización de trabajo, en la fijación del contingente global de inmigrantes, así como en que dicho contingente será tenido en cuenta – siempre en teoría; habrá que ver cómo se concreta- en el cálculo de los recursos financieros de la Generalitat. Todo ello debe hacerse en coordinación con el poder central. Algo que está por ver qué significa en la práctica. En la fase de acogida-estabilización es donde las competencias son más extensas. Se establecen unos criterios-guía de las políticas públicas: garantía de derechos, igualdad de oportunidades, acomodación socio-económica y participación en los asuntos públicos. También se establecen objetivos en el área socio-sanitaria y se explicita un papel relevante a los poderes locales (que son muchas veces los que tienen que gestionar unas realidades sin las normas legales, la preparación técnica o los recursos presupuestarios pertinentes). En la fase de acceso a la ciudadanía el autogobierno es casi inexistente.

En las últimas dos décadas, los términos de la integración de los inmigrantes han variado en la mayoría de las democracias. Tanto en la esfera privada como en la esfera pública ha crecido la conciencia por el respeto a las distintas costumbres en el vestir, la alimentación, las formas de ocio, las creencias religiosas, las fiestas conmemorativas, etcétera, de los distintos colectivos. Obviamente, el respeto a la diversidad tiene límites, básicamente en los derechos y reglas liberal-democráticas. Cuestiones que representan conquistas políticas en contra de la intolerancia política o religiosa, como la igualdad de sexos, las libertades civiles o el derecho a la disidencia, no son negociables. Pero todo ello supone cambios. Por ejemplo, en el ámbito educativo, en el que sería deseable una mayor igualdad en la distribución de alumnos procedentes de la inmigración, tanto en la escuela pública como en la concertada. La segregación escolar es uno de los peores riesgos que evitar.

Puede aprenderse de las experiencias de otros países y ciudades, como Toronto, Montreal, Nueva York o Sydney. Por ejemplo, parece importante evitar prácticas asistencialistas,y basar las políticas en el marco de los derechos. Catalunya cuenta con una red sólida de asociaciones civiles. Pero aún no se detecta una interrelación profunda entre el asociacionismo autóctono y el de la inmigración. Fomentar el tejido asociativo suele ser una apuesta de futuro. Por otra parte, a veces se detecta que la comunicación entre las administraciones y los inmigrantes no siempre es todo lo fluida que los mismos gestores y usuarios desearían. Puede hacer falta una revisión del qué y del cómo de los servicios que se ofrecen (salud, formación de adultos, orientación profesional y laboral, cursos lingüísticos y de familiarización con la historia, cultura e instituciones catalanas, juventud, etcétera). El deporte suele ser un buen factor de socialización. Pero igualmente decisivo es promocionar las iniciativas emprendedoras y la innovación para combatir la idea de los inmigrantes como meros consumidores de servicios públicos.

Es mucho lo que queda por hacer y por mejorar. La experiencia comparada también muestra la mayor eficacia en el diseño e implementación de políticas cuando cuentan con la participación de los sectores implicados. Es un tema en revisión en casi todos los países de la UE. En estos temas, que parecen antiguos pero recientemente muy renovados, aún sabemos poco. Un buen primer paso es reconocerlo y saber dónde hay que mirar para orientarse mejor. La modestia no es enemiga de la eficacia.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política y director del Grup de Recerca en Teoria Política (GRTP) en la UPF