PArís – La escena empieza a convertirse en un tópico de la campaña
presidencial: Ségolène Royal se lanza a una piscina, por lo general sin
agua; el Partido Socialista (PS), perplejo, contradice la propuesta de su
candidata, que finalmente termina por matizar sus promesas. Ocurrió con
las 35 horas, con la política fiscal, con la reforma del Estado y, ahora,
con la política de inmigración. El pasado domingo, Royal, entrevistada en
televisión, se pronunció a favor de legalizar a los «sin papeles» cuyos
hijos estén inscritos en colegios franceses. «La regularización debe
seguir a la escolarización», declaró la ex ministra. Sólo 12 horas tardó
François Hollande, primer secretario socialista y compañero sentimental de
Ségolène, en corregir el tiro: «El Partido Socialista no plantea
regularizaciones automáticas». El jefe del partido, que apenas cuenta en
la estrategia de campaña de Royal, avisó de que lo contrario podría
activar el «efecto llamada», ya que «bastaría un visado turista para
inscribir a los hijos en la escuela» En Francia, no es necesario contar
con papeles de residencia para matricular a un pequeño en un
establecimiento público. La cacofonía permanente del centro izquierda se
explica por la decisión de Ségolène Royal de organizar su estrategia al
margen del partido y sus dirigentes, que suelen conocer los argumentos de
su líder cuando ésta los anuncia en los medios. El equipo de campaña
cuenta con una sede propia y su comunicación con el PS es nula. Tras el
tirón de orejas, Royal se vio obligada a precisar, ayer mismo, que la
regularización se llevará a cabo sólo mediante «criterios objetivos» y
cuando los pequeños lleven escolarizados «varios años». «Habrá que actuar
caso por caso», precisó la candidata, quien de este modo se alineó con la
posición mantenida por… su máximo rival en la carrera por el Elíseo, el
ex ministro del Interior y aspirante del centro derecha, Nicolas Sarkozy.
Éste, para solucionar el laberinto institucional de las más de 30.000
familias «sin papeles» con hijos en escuelas y guarderías galas, abrió un
proceso de regularización, «caso por caso», el pasado verano. El Estado
estableció una serie de criterios, entre ellos llevar al menos dos años en
el país, que abrió las puertas de la residencia legal a casi 7.000
familias. El problema es que el resto de demandantes, defendidos por
varias asociaciones de padres y profesores y muchos de los cuales viven
gracias a ayudas estatales, se ha quedado en tierra de nadie, al no ser
regularizables y difícilmente expulsables. La polémica ha vuelto a
estallar después de la detención, el pasado viernes, durante siete horas,
de la directora de una guardería pública parisiense, por un posible delito
de ultraje a la autoridad. Ésta, junto a profesores y padres de alumnos,
se enfrentó con la Policía el día anterior, después de que varios agentes
arrestasen a un abuelo chino indocumentado que acudía, como cada día, a
recoger a sus nietos. La gubernamental Unión por un Movimiento Popular
(UMP) cargó contra la «irresponsabilidad» y las «contradicciones» de Royal
y recordó que «la línea de Nicolas Sarkozy es clara: la vocación de los
extranjeros sin papeles es dejar el territorio». François Bayrou, líder de
la centrista UDF, explicó que la escolarización, «de al menos cinco años»,
debería ser una sola entre otras condiciones exigibles para regularizar a
las familias, como «hablar francés, tener un contrato de trabajo y
respetar los valores y derechos elementales» de la sociedad gala.