El final judicial de la investigación abierta contra la Diputación de Bizkaia, acusada de enviar menores inmigrantes a Asturias, parece ser su archivo. Es la opinión que más peso tiene en la Fiscalía de Bilbao, encargada del caso tras su traslado por parte de la Fiscalía de Menores de Asturias.

Así se lo confirmó ayer a este periódico la fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes, quien aseguró que, «si se confirma la línea que estamos investigando, no habrá necesidad de denuncia».

A falta, eso sí, de una última diligencia que aún no ha trasladado a Bilbao el fiscal de Menores asturiano, Montes augura que no parece haber causa de delito en la actuación de la Diputación de Bizkaia con los menores que viajaron desde Bilbao hasta Oviedo.

«Conocemos cómo se funciona en la Diputación y en los centros de acogida y sabemos que los menores, tanto extranjeros como no, reciben un trato especialísimo», subrayó la fiscal-jefe. De esta manera, restó credibilidad a las acusaciones lanzadas contra la institución foral de vulnerar la Ley de Protección de Menores.

Es más, Montes añadió que «nos extraña que suceda algo así», en referencia al pago del billete de autobús hasta Oviedo por parte de los técnicos de la Diputación vizcaina. De hecho, quiso dejar claro que «esto no se practica en la Comunidad Autónoma Vasca».

No obstante, destacó que «llevaremos la investigación hasta el final porque es nuestra obligación». Una obligación que llega a instancias de su colega en Asturias, el Fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, quien parece albergar más dudas sobre la inocencia de la Diputación de Bizkaia.

Acompañados a la estación

«Nos pareció necesario emprender la investigación porque varios testimonios de menores inmigrantes a la Policía coincidieron en afirmar que la Diputación vizcaina les había enviado a Asturias», explicó ayer a DEIA Caldevilla.

De hecho, el fiscal hizo hincapié en que, varios de los jóvenes que llegaron a Oviedo a finales de año, «afirmaron que los educadores del centro de Artxanda les llegaron a acompañar a la estación de autobuses a comprar el billete».

«No es de recibo mandar a los menores a otras comunidades sin previo aviso», criticó Caldevilla, quien también opinó que «ninguna institución reconoce esa práctica», en alusión a la respuesta de la Diputación de Bizkaia en la que negaba los hechos con rotundidad.