M. LUISA G. FRANCO

BILBAO. El Departamento de Educación del Gobierno vasco informa cada año de un descenso de la petición de escolarización en castellano, lo que justifica el cierre paulatino de las aulas del denominado modelo A. Sin embargo, la denuncia de los padres de una niña colombiana de cuatro años ha sembrado la duda respecto a si es el propio Departamento de Educación el que obliga a los padres que quieren una enseñanza en castellano para sus hijos a matricularles en ikastolas.

El concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete, Juan Carlos Castaño, pedirá a su partido, el PP, que investigue si la matriculación forzosa en una ikastola concertada denunciada por unos padres de su municipio es un caso aislado. Considera que probablemente otros niños inmigrantes hayan sido desviados a ikastolas sin que sus padres, que tal vez ni siquiera conozcan su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, lo hayan denunciado.

En este caso, el padre de la niña colombiana es natural de Cantabria, lo cual posiblemente ha facilitado que tuviera la iniciativa de pedir explicaciones al Departamento de Educación – aunque se negaron a dárselas por escrito – y de denunciarlo públicamente.

Según la información publicada ayer por El Correo, hace poco más de dos meses la niña llegó de Colombia, donde se había criado con su abuela, para residir de forma definitiva con sus padres en Portugalete. Éstos acudieron al centro escolar más próximo a su vivienda y pidieron plaza para su hija. Les informaron de que tenían plazas disponibles y formalizaron la solicitud. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Portugalete confirmó a ABC que efectivamente hay plazas libres para la niña colombiana en el centro próximo a su domicilio, que imparte enseñanza en castellano, y aseguró que el colegio no ha rechazado la escolarización de la niña, ni ha tenido nada que ver con su desvío a una ikastola, sino que había sido la Delegación de Educación la que había tomado la decisión de matricular a la niña en un modelo de enseñanza exclusivamente en euskera.

Según la normativa vigente en la Comunidad autónoma vasca, cuando un niño extranjero solicita plaza escolar una vez comenzado el curso, una comisión de escolarización debe estudiar el caso para buscarle la escuela más adecuada. Por tanto, el centro de Portugalete envió la solicitud de la niña colombiana al Gobierno vasco y allí se decidió que la niña debía ir a una ikastola concertada.

Reclamación por escrito

El padre acudió entonces a entrevistarse con la responsable de la comisión territorial de escolarización, quien, según denuncia, no le dejó hablar y le dijo que tenía que presentar su reclamación por escrito. Tras consultar con un abogado, éste le aconsejó que entregara su escrito y que pidiera que le explicaran también por escrito las razones por las cuales negaban a su hija la enseñanza en castellano.

La responsable de la comisión de escolarización no quiso hablar con él, ni entregarle cualquier explicación por escrito y le atendió un «jefe de planta» al que le explicó que quería escolarizar a su hija en castellano, porque la niña no iba a entender nada en euskera y ya bastante difícil iba a ser para ella adaptarse a un nuevo país, cuando hasta ahora había sido criada por su abuela en Colombia.

Lo que más sorprendió al padre es que cuando dijo que quería poder ayudar a su hija con los deberes y participar en sus estudios, ese «jefe de planta» comentó que el gran error de los padres era «inmiscuirse en los estudios de sus hijos».

Los padres de esta niña colombiana han presentado un recurso en la Delegación de Educación contra la decisión de la comisión de escolarización de matricularla en una ikastola concertada, pero todo indica que otros muchos inmigrantes han tenido que asumir cualquier decisión de esa comisión de escolarización, por falta de medios para recurrirla.

El Correo informaba ayer de que más de 3.200 niños inmigrantes se han incorporado a las aulas del sistema educativo vasco durante el presente año escolar. Tienen derecho a hacerlo, sin tener que esperar al inicio del siguiente curso escolar, si bien cuando llegan fuera de plazo su derecho a elegir centro es sólo teórico.