Hace nueve meses, este periódico recogía en sus páginas la historia de Solange Tragodara, una joven peruana de 25 años que llegó hace casi tres a España huyendo de los que la perseguían por su orientación sexual y su activismo en una ONG de lesbianas – fue insultada, amenazada, apaleada e, incluso, secuestrada – . En aquel momento, explicaba que tenía pendiente la resolución del Gobierno sobre su solicitud de asilo y, aunque era bastante pesimista, siempre quedaba en su discurso un lugar a la esperanza. Pues bien, ese reportaje se cerraba con la promesa de recuperar esta historia para conocer su final, o mejor dicho, su continuación. El pasado día 4, Solange y su compañera sentimental acudieron a la comisaría de Policía de Indautxu, en Bilbao, para conocer la respuesta: «El Policía nos dijo que nos habían denegado la petición, que suponía que sabíamos que esto podía pasar; nos dio una carta de expulsión del país, nos devolvieron los pasaportes y añadió que teníamos 60 días para recurrir».

En realidad, este desenlace es el más habitual en España, donde el 95% de las solicitudes de asilo son denegadas, aunque luego la Audiencia Nacional revoque el 10% de estas decisiones, según datos de 2005. Y eso que nuestro país es uno de los que menos solicitudes reciben (cerca de 5.000 ese año, mientras Francia acumuló 50.000 y Reino Unido, 20.000). Pero la aprobación, el día 7, de la Ley de Igualdad ha venido a insuflar aliento a todas las mujeres que llegaron a nuestro país huyendo de un final fatal en el suyo, simplemente por serlo o por sus gustos sexuales. La nueva normativa incorpora una disposición adicional a la Ley de Asilo que recoge de forma explícita a aquellas «mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género».

Hasta ahora, en la Convención de Ginebra (1951) se incluía implícitamente este acoso, ya que quedaba englobado dentro del apartado «persecución por pertenencia a grupo social», junto a motivos como raza, religión, nacionalidad y opciones políticas. Lo que ocurre es que, en este medio siglo, las formas de persecución han cambiado mucho. De ahí la importancia de la aparición de nuevas herramientas. Por eso, organizaciones que llevan mucho tiempo luchando por los derechos de estas personas, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se congratulan por la modificación de la ley y de la referencia explícita al problema.

Un año más en el limbo

Pero hay que volver a Solange y a aquel día en que le contestaron que debía volver a su país, o lo que es lo mismo, a las amenazas que de vez en cuando aún sufre su madre, simplemente por su relación con el activismo y el lesbianismo de su hija. Amenazas y palizas que la llevaron a dejar allí a su hijo, que hoy tiene 8 años: «Sólo cuando el miedo cala tan profundo, te decides a dejarlo todo». Ella explica así lo que sintió al recibir la denegación: «Nos dio un bajón tremendo, pero nos lo temíamos. Ahora, con el recurso que hemos presentado, tenemos un años más en el limbo, a la espera de la resolución». Al menos, su situación concreta se recoge al detalle en la Ley de Asilo, «algo que quizás ayude en la decisión a favor».

Sin querer ser pesimista, y pese a reconocer la importancia de este logro, Itziar Caballero, de CEAR – Euskadi, recuerda que a veces «hay demasiada diferencia entre lo que recoge la ley y su aplicación». Habrá que esperar entonces para conocer el desenlace de la historia de Solange, o lo que es lo mismo, en qué queda el recurso presentado por los abogados de CEAR – Euskadi. Hasta el momento, en España sólo hay dos casos de mujeres a las que el Gobierno reconoció el asilo por este motivo. Estas mismas páginas reservarán un sitio para saber si Solange se une a ellas.