La globalización económica está empujando a los trabajadores hacia el norte. Y cada vez más, están abandonando sus derechos en la frontera. Alzándose desde el calor del Desierto de Sonora, de los matorrales de ocotillo y saguaro, se encuentra el pueblo fronterizo de Sasabe, México. Solía ser un pueblo ganadero. Pero su economía ha sido redefinida por su posición a lo largo del corredor de emigrantes. Hoy sus alrededores son un área de descanso y una estación de paso para los trabajadores abandonados de México y América Central que buscan refugio económico en los Estados Unidos.

He llegado aquí para lograr una conciencia directa de las experiencias de los emigrantes que cruzan la frontera, y rápidamente observo que los buscadores de ganancias han hallado la manera de capitalizar a los trabajadores desplazados en cada etapa de su travesía. Paso caminando junto a una hilera de vendedores que ofrecen suministros para los posibles emigrantes—cántaros de agua, bocadillos portátiles. Un camión de Pepsi descarga cajas de gaseosas para vender.

En la distancia, los hombres descansan a la sombra de los árboles, esperando por su coyote, el contrabandista al cual le han pagado generosamente para pasarlos a la siguiente parada en su viaje hacia el norte. El contrabando de inmigrantes es un ejercicio laberíntico, con numerosos intercambios y pagos a lo largo de un sistema de escape ilegal globalizado. Este sistema yace en el centro de una crisis de derechos humanos en maduración.

Cruces Desiguales

Cuando pensamos en los inmigrantes, generalmente nos imaginamos a personas de países pobres moviéndose hacia países ricos. Pero sólo cerca de un tercio de los 200 millones de personas que conforman la población emigrante global se mueve de naciones en desarrollo a naciones más ricas. Otro tercio se mueve entre naciones en desarrollo, y el resto se mueve desde naciones ricas a naciones en desarrollo.

¿Por Qué se Van?

De las muchas fuerzas que fomentan la emigración individual desde los países en desarrollo, las políticas capitalistas neoliberales están entre las más importantes. Ellas han interrumpido a las economías tradicionales y protegidas en naciones tales como México y Guatemala. Los acuerdos de “libre comercio” como el NAFTA (y el inminente DR-CAFTA) han bajado los aranceles y abolido los subsidios del gobierno y los programas de asistencia social que han sostenido a las clases campesinas de estas naciones durante generaciones. El ingreso a la competencia en el “mercado mundial” —dominado por corporaciones agrícolas norteamericanas fuertemente subsidiadas—ha obligado a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras a un ritmo que reproduce semanalmente el “Rastro de Lágrimas” de los Cherokee. El desplazamiento en regiones rurales está acompañado también por una migración fuera de las ciudades, a medida que la “Wal-Mart-ización” de la economía acelera la tasa de des-industrialización.

En conjunto, la marea de la “reestructuración económica” está empujando a cerca de un millón de trabajadores por año al riesgo de inmigraciones no autorizadas a lo largo de fronteras fortificadas.

Irónicamente, estas mismas políticas tornan cada vez más irrelevantes las fronteras nacionales para la migración en el sentido opuesto. Durante la última década, de acuerdo a una estimación del Departamento de Estado de EE.UU., el número de norteamericanos viviendo en México se ha disparado desde 200.000 a 1 millón—un cuarto de todos los expatriados de Estados Unidos. Pero no llamamos a estas personas “inmigrantes”. Ellos son “jubilados”. Son “gerentes” y “técnicos” de las maquiladoras. Ellos son los “empleados viajantes”—trabajadores pobres de Estados Unidos, expulsados de mercados inmobiliarios inflados, tales como San Diego, y buscando refugio en la más accesible Tijuana.

El Viaje de José Hacia la Incertidumbre

Hablo con José, un joven emigrante que podría ser de Chiapas, Veracruz, Michoacán, o cualesquiera de un número de Estados exportadores del interior de México o América Central. Él me muestra su única conexión con el otro lado: un pedazo de papel garabateado con un número telefónico de diez dígitos.

José está a punto de entrar en la sombra de la globalización, donde será reducido a ser un “ilegal”, una no-entidad sin los derechos básicos garantizados por la ley internacional.

José llegó esta mañana al punto de recogida, pero otros han estado esperando aquí durante semanas. Algunos se encuentran entre los aproximadamente 850.000 mexicanos que, de acuerdo al Ministerio del Interior Mexicano, tratan de cruzar cada año, son capturados y deportados. La mayoría lo volverá a intentar, porque cerca de 350.000 de mexicanos logran llegar a sus destinos cada año. Y cerca de 500.000 personas de México, y de más al sur, encuentran trabajo en los Estados Unidos cada año.

Éste es el primer cruce de José. Las posibilidades están contra él—no sólo porque la vigilancia se ha incrementado, sino también porque su naturaleza ha cambiado.

Desde 1994, la estrategia de vigilancia de Estados Unidos ha tenido dos frentes: criminalizar los inmigrantes y militarizar la frontera. Los Estados Unidos ha estrangulado los puntos tradicionales de cruce urbanos, con la construcción de paredes dobles y triples, ha incrementando el número de agentes y ha introducido tecnología y personal militar en las actividades de rutina. Esta política ha hecho al viaje aún más peligroso, empujando a los puntos de cruce hacia regiones peligrosas y lejanas del desierto, en terrenos montañosos, o dentro del igualmente peligroso submundo del contrabando humano—a través de los puertos de entrada, dentro de contenedores.

El financiamiento para la vigilancia de la frontera se ha incrementado desde $1,300 millones en 1994 a $7.300 millones en 2005, y el número de víctimas anuales durante ese periodo se ha disparado desde 23 a 473.

En total, más de 4.000 hombres, mujeres y niños han muerto en el acto de buscar trabajo en los Estados Unidos. Pero la tasa de ingresos no autorizados no ha disminuido.

Si José logra vencer los desafíos y cruza exitosamente, todavía enfrentará múltiples niveles de vigilancia criminal en Estados Unidos, y la posibilidad de ser encarcelado, por el crimen de buscar trabajo en una economía que depende de su labor.

Durante el último año, la Agencia de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement Agency, ICE) ha emitido 3.667 “violaciones administrativas”, las cuales generalmente involucran la captura de inmigrantes indocumentados en sitios de trabajo—muy por encima de los 485 casos de 2002.

Otras 24.000 personas fueron capturadas por separado durante la Operación “Devuélvase al Remitente.” Aunque era teóricamente un plan para arrestar a aquellos con antecedentes criminales, dos tercios de los arrestados en esa operación no habían cometido ningún crimen en absoluto, pero fueron detenidos como “arrestos colaterales.”

Los no-ciudadanos generalmente tienen audiencias de inmigración con un juez, y supuestamente son notificados de los cargos que se les imputa antes de ser deportados. Y tienen el derecho a un abogado—pero sólo si pueden pagarlo.

Benita Jain, abogada del Proyecto de Defensa del Inmigrante en la Asociación de los Defensores del estado de Nueva York, dice que mientras los no-ciudadanos poseen algunos derechos, “muchos de estos derechos se han vuelto insignificantes—las leyes han cambiado para hacer de la deportación un ‘mínimo obligatorio’ para mucha gente, donde el juez no tiene arbitrio para prevenir la deportación.”

Al menos 25.000 inmigrantes indocumentados están prisioneros en más de 200 centros de detención de inmigrantes a lo largo del país. Pero todavía hay un excedente. Así que los detenidos camino a las audiencias de deportación son arrojados rutinariamente en prisiones estatales y locales, integrados dentro de la población general allí, y sujetos a una multitud de problemas previsibles. Desde 1995, cerca de 1,5 millones de personas han sido expulsadas desde los Estados Unidos a través de este proceso.

Las deportaciones tienen consecuencias trágicas para las familias. Separan a los padres de sus hijos, a esposas de sus esposos, y a compañeros del mismo sexo uno del otro. Un estimado de 5 millones de niños en los Estados Unidos—de los cuales al menos 3,1 millones son ciudadanos nacidos en Estados Unidos—tienen padres que son inmigrantes indocumentados.

Los padres deportados, con la esperanza de que volverán pronto, normalmente dejan a sus hijos ciudadanos con algún pariente. Pero la ley actual de inmigración dicta que si una persona indocumentada es deportada o deja el país voluntariamente, el o ella no pueden reingresar a los Estados Unidos durante diez años. Peor aún, los oponentes anti-inmigración han propuesto una legislación para denegar la “ciudadanía por nacimiento,” de forma tal que a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos les sería denegado el derecho a la ciudadanía, el cual ha sido históricamente garantizado por la Constitución a todas las personas nacidas en los Estados Unidos.

Los gobiernos estatales y locales, también se están sumando al movimiento anti-inmigratorio. En 2006, 570 leyes de inmigración fueron introducidas en 32 estados, la mayoría para implementar tales restricciones. Los gobiernos locales han promulgado restricciones sobre el alquiler o la provisión de servicios a inmigrantes sin prueba de residencia, han pasado ordenanzas de “sólo-idioma-inglés”, y le han dado poder a la policía local para comprobar el estatus migratorio como parte de su rutina normal.

¿Por Qué No Entrar de Manera Legal?

Con todos estos peligros configurados contra él, ¿por qué José simplemente no se pone en la fila para ingresar a los Estados Unidos legalmente?

“Para la mayoría de los mexicanos no existe ninguna fila en la cual formarse,” explica Douglas Massey, sociólogo y experto en migración.

A pesar de las fronteras virtualmente abiertas para la inmigración del capital y la gente norteamericanos hacia México (90 por cien de las 2.000 firmas extranjeras en México están radicadas en Estados Unidos), muchos niveles de obstrucción impiden a los mexicanos obtener autorización para trabajar en el norte. Los trabajadores desplazados o granjeros de subsistencia como José son clasificados como “no calificados”, y los Estados Unidos distribuyen solamente cerca de 5.000 visas cada año para los trabajadores no calificados en todo el mundo. En 2005, solo dos de ellas fueron emitidas a mexicanos.

Inmigración Basada en los Derechos Humanos

El curso de los derechos humanos para los inmigrantes en los Estados Unidos no sólo falla el examen del estándar internacional; tampoco pasa el examen del sentido común. Seguramente podemos encontrar una forma fácil y organizada para que la gente trabajadora cruce nuestra frontera sur. En vez de perseguir a estos trabajadores, deberíamos agradecerles por sus esfuerzos, y asegurarles todos los medios para extenderles derechos igualitarios mientras están aquí.