Los menores extranjeros no acompañados y la situación de los centros de internamiento son las dos prioridades actualmente encima de la mesa del primer Fiscal de Extranjería nombrado en España, Joaquín Antonio Sánchez-Covisa, con treinta años de experiencia en la carrera fiscal.

En una entrevista con Efe, la primera que concede a la prensa desde la toma de posesión de su cargo, Sánchez-Covisa confesó su enorme preocupación por los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, tanto por su situación como por el hecho de que su derecho a la asistencia jurídica “no se está cumplimentando”.

En 2006, informó, se incoaron 1.300 expedientes de repatriación de menores la mayoría de origen marroquí, y se hicieron efectivas en 111 casos, mientras en enero y febrero de 2007 se repatrió a tres. Organizaciones no gubernamentales y fiscales especializados en extranjería ya han trasladado a Sánchez-Covisa sus quejas e “insatisfacciones” en torno a este asunto, que también ha generado preocupación en el Defensor del Pueblo y en el Consejo General de la Abogacía.

El 26 de enero, el Consejo de la Abogacía denunció la falta de garantías “esenciales” en la repatriación de los menores, fecha en la que el Defensor del Pueblo recomendó a Inmigración establecer la obligación de que los menores sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación antes de dictarse la resolución procedente, y a realizar un análisis pormenorizado de cada caso.

“Creo que el menor tiene derecho a ser oído en unas condiciones determinadas, no basta con saber qué opina, sino que tiene que tener una posibilidad de defensa, de asesoramiento jurídico…”, recalcó Sánchez-Covisa, entre cuyos cometidos figura dar respuesta uniforme y coordinada a los sesenta fiscales especializados en esta materia.

Reunión de fiscales

Los próximos 16 y 17 de abril, Sánchez-Covisa ha convocado en Madrid una reunión con los fiscales de Extranjería para abordar los “problemas más perentorios y ordenar los trabajos”, como el control e inspección de los centros de internamiento de extranjeros.

La intención es diagnosticar la situación de estos centros, la mayoría de ellos ubicados en Andalucía y Canarias, detectar posibles carencias y elaborar un protocolo de inspección que unifique criterios para adoptar las medidas “que procedan”.
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