Desde el 1 de marzo Europa cuenta con una Agencia Europea de Derechos Humanos. Esta institución relevará al actual Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en la labor de asesorar a los Estados miembros de la Unión Europea y recopilar información sobre derechos fundamentales.

El organismo estará completamente operativo a lo largo de 2007 y los Estados miembros deberán acordar un marco plurianual especificando su ámbito concreto de actuación, así como el nombramiento de un director.

Mientras tanto, la agencia centrará sus actividades en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

Misión y limitaciones

El presupuesto para este año será de 14 millones de euros, cifra que aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 22 millones en 2012. En cuanto al personal, durante 2007 pasará de los 37 funcionarios actuales a 46 miembros.

Su consejo de administración estará integrado por personalidades con experiencia acreditada en la gestión de organizaciones públicas o privadas del ámbito de los derechos humanos. En concreto, habrá un experto independiente designado por cada uno de los 27 Estados miembros, otro experto nombrado por el Consejo de Europa y dos representantes de la Comisión Europea.

Sus misiones fundamentes serán recopilar información “objetiva, fiable y comparable” en el desarrollo de la situación de los derechos fundamentales, analizarla para comprobar si se han vulnerado estos derechos, ver sus consecuencias y efectos y analizar ejemplos de buenas prácticas en este terreno.

No obstante, no tendrá capacidad para emitir dictámenes sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en el seno de la UE y tampoco podrá hacerse cargo de las quejas particulares de los europeos en este terreno.

Estará en todo caso facultada para formular opiniones a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros cuando apliquen la normativa de la UE, tanto a iniciativa propia como a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión Europea, sin interferir con los procedimientos judiciales y legislativos establecidos en el Tratado.

Oportunidad perdida

El nacimiento de la agencia con un limitado campo de aplicación tiene también mucho que ver con el hecho de que la Constitución europea no esté en vigor, porque el malogrado Tratado Constitucional prevé que la toma de decisiones en el ámbito judicial y policial no sea, como hasta ahora, por unanimidad sino por mayoría cualificada, facilitando así la adopción de medidas que en muchas ocasiones permanecen bloqueadas por un sólo país.

Amnistía Internacional (AI) ha indicado en un comunicado que la creación de la agencia es un paso “en la dirección correcta” y piensa apoyar su labor, pero advierte de que los desafíos actuales que afrontan los derechos humanos en Europa “exigen un mecanismo mucho más enérgico”.

Dick Oosting, director de la Oficina de la UE de Amnistía Internacional, ha lamentado que ha sido tal “el deseo de no ofender a nadie” que “parecía que se estaba creando la agencia para proteger a los Estados miembros en lugar de para hacer que rindieran cuentas”.

AI considera que esta institución es “una oportunidad perdida” y piensa que está “efectivamente aislada” de áreas clave esenciales, como son la lucha antiterrorista y las entregas extraordinarias de presos, los abusos policiales, la vigilancia exhaustiva de los derechos de asilo y de migración o la trata de seres humanos.