JUAN CANO/MÁLAGA
La investigación en torno a la presunta trama de corrupción instalada en la comisaría de la Policía Nacional en Ronda gira en torno a dos aspectos: supuestas irregularidades en los expedientes de inmigración y, sobre todo, la relación de los agentes con los clubes de alterne de la zona.

Tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y una persona ajena a esta institución se encuentran ahora en prisión por su presunta implicación en estos hechos. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda acusa a algunos de estos agentes de exigir dinero a los dueños de los locales para avisarlos de las redadas, según ha podido saber SUR.

El juez imputa a estos policías los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho al considerar que advirtieron a propietarios de los clubes para evitar que fuesen sorprendidos por intervenciones policiales. El instructor añade que los agentes pidieron dinero a los regentes de alguno de estos locales para no realizar inspecciones en busca de mujeres en situación irregular.

De hecho, las pesquisas de Asuntos Internos se han extendido a la investigación patrimonial de algunos de los imputados para comprobar si recibieron supuestas dádivas por hacer la vista gorda. Por ejemplo, al inspector jefe responsable de la comisaría rondeña se le preguntó sobre un ingreso de 2.000 euros en su cuenta corriente, quien al parecer declaró que podía acreditar que se los había prestado un familiar. A otros funcionarios se les interrogó sobre si habían cobrado dinero de inmigrantes por «arreglarles» los papeles.

Estas acusaciones se apoyan en la investigación de la Unidad de Asuntos Internos, que comenzó en noviembre, y en las declaraciones de varios testigos protegidos, quienes al parecer tenían información sobre posibles redadas o controles en sus clubes. Así contrarrestaban el factor sorpresa de la Policía.

Abusos sexuales

Otra de las imputaciones comunes a varios de los acusados son los presuntos abusos sexuales a prostitutas. El juez que instruye la causa entiende que estos policías habrían mantenido relaciones con meretrices en locales de alterne valiéndose de su condición de funcionarios.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el instructor asegura, basándose en la investigación policial, que los agentes no pagaban estos servicios y considera por tanto que no existiría consentimiento en esos contactos sexuales. No obstante, matiza que no habría violencia ni intimidación.

Con todo, el instructor envió a prisión a tres de los agentes imputados al considerar, entre otras cosas, que podrían volver a exigir nuevas cantidades de dinero en los clubes a cambio de hacer la vista gorda o de obtener servicios sexuales de forma gratuita. El juez cree, asimismo, que podrían alterar las pruebas que hay contra ellos.

Otras fuentes consultadas reiteraron que los imputados negaron durante el interrogatorio su implicación en la mayoría de los delitos investigados, que se apoyan, entre otras pesquisas, en las declaraciones de una serie de testigos protegidos que, según las fuentes, empiezan a declarar a partir del lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda.