madrid – Es el oficio más antiguo del mundo y el que más controversia
suscita. En España, los movimientos sociales no logran llegar a un acuerdo
sobre los beneficios y desventajas de la legalización de la prostitución.
Tampoco las distintas comunidades autónomas comparten la misma opinión.
Frente a Madrid, cuyo Gobierno considera esta actividad como una
degradación de la mujer que debería eliminarse, y en donde ya se han
empezado a tomar medidas, otras comunidades, como la catalana, apuestan
por una ley que regule la situación de las trabajadoras del sexo. Pese a
las discrepancias, el Congreso de los Diputados ha desaconsejado esta
semana regular la prostitución voluntaria en nuestro país porque sería
inconstitucional. Es decir, no se legalizará, pero tampoco se prohibirá.
   Como en España, en el resto de la Unión Europea la legislación sobre este
asunto suele ser ambigua y contradictoria, y no existe una equidad a la
hora de afrontar el problema. Las posturas de los 27 van desde considerar
la prostitución un trabajo cualquiera con subsidio de desempleo incluido a
perseguirla con penas de cárcel.
   Diferentes enfoques
   Como explica la antropóloga Marta Matas, el debate central europeo sobre el
trabajo sexual se da, «por una parte, entre aquellos que plantean la
necesidad de terminar con la prostitución por ser una práctica degradante
y opresiva para las mujeres, y, por otra, entre los que sostienen que es
necesario legalizarla y reconocer los derechos laborales de estas
trabajadoras». En todos los países, explica la especialista, se distingue
entre el trabajo sexual voluntario y el forzado, y todos cuentan con leyes
estrictas contra el tráfico de personas para la explotación y trabajo
sexual de menores.
   En Europa se aborda la legalidad de la
prostitución desde tres enfoques diferentes, aunque en realidad todos los
estados miembros poseen componentes bastantes integrados de los tres
modelos, frecuentemente atravesados por legislaciones sobre migraciones,
violencia, discriminación…
   El más generalizado es el llamado
sistema «abolicionista», que no sanciona la venta de prestaciones sexuales
ni condena al cliente por considerarlo como un ejercicio de libertad
sexual, pero sí prohíbe la explotación de la prostitución así como el acto
e inducción a la misma. Este sistema, establecido en nuestro país y en
Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Reino Unido, Finlandia, Luxemburgo o
Polonia, se fundamenta en la consideración de que toda forma de
prostitución es una explotación del cuerpo del ser humano y que la
reglamentación de la actividad sólo consigue perpetuar esta injusticia.
Este sistema persigue a las personas que inducen, mantienen, permiten y se
benefician de la explotación.
   En el caso de España, el Código
Penal tipifica la prostitución con penas de cárcel de dos a cuatro años y
multas cuando se emplea la violencia, la intimidación o engaño, y cuando
se lucre explotando el ejercicio sexual de otra persona, aun con el
consentimiento de la misma.
   ¿Cómo es posible entonces que en nuestro
país existan casi 5.000 prostíbulos? El letrado Javier Alonso afirma que
los dueños de estos locales o las conocidas «madame» emplean una fórmula
para saltarse la legislación: «Los que rigen los locales de alterne se
convierten en arrendadores de habitaciones. Ellos son los que ponen las
instalaciones y las alquilan por horas a las prostitutas, que son libres
de ejercer esta profesión. De esta manera, ante la ley, demuestran que se
lucran por el alquiler de las habitaciones y no por la explotación sexual
de las profesionales.
   El francés, en casa
   El ejecutivo francés, por ejemplo, también permite que sus ciudadanos
vendan su cuerpo, pero exige que lo hagan en sus propias casas y, por el
contrario, castiga con multas de más de 3.000 euros y hasta seis meses de
cárcel a la prostitución callejera y a la mera incitación mediante
«exhibición pública de un atuendo o actitud dirigidos a ofrecer un
intercambio sexual remunerado». En Francia, también se prohíbe el anuncio
de habitaciones para alquilar por horas para ejercer la prostitución.
   Además del país galo, las leyes italianas y finlandesas también consienten
la prostitución, pero siempre que no se realice en lugares públicos. No es
ilegal tampoco en Dinamarca, siempre y cuando la prostitución no sea la
principal fuente de ingresos, en cuyo caso se les puede acusar de
«vagabundeo».
   Junto al modelo abolicionista, que pretende
evitar el comercio sexual aboliendo toda reglamentación, pero permitiendo
la actividad, otros países persiguen el comercio del sexo sin excepciones.
Se trata del sistema prohibicionista, el modelo más restrictivo que impera
en Europa, que declara ilegal la prostitución y sanciona, con multas o con
medidas reeducadoras, la venta y la compra de servicios sexuales.
   Ejemplo de este modelo es Irlanda, donde es delito tanto el
ofrecimiento de servicios sexuales por parte de la persona dedicada a la
prostitución como su requerimiento por parte de los clientes, quienes
pueden ser multados o incluso llevados a prisión.
   El castigo
para el cliente
   Por su parte, el modelo sueco, que cambió sus leyes
sobre esta materia en 1999, castiga la compra de sexo con multas y prisión
de hasta seis meses, pero permite, paradójicamente, su venta. La medida,
integrada en el marco de la legislación contra la violencia de género,
salió adelante al considerar la prostitución como «un aspecto de la
violencia masculina contra mujeres, un fenómeno social no deseable y un
obstáculo para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres».
Desde su implantación, y gracias a los generosos fondos destinados para la
reintegración de las mujeres que dejan la prostitución y las campañas de
educación entre la población, las autoridades suecas aseguran que el
negocio del sexo en las calles se ha reducido a la mitad y que los
clientes han disminuido en un 90 por ciento. No obstante, aunque la ley ha
tenido efecto, los clientes viajan ahora a otros países cercanos, como
Finlandia.
   La tercera postura, la más permisiva, es la
reglamentarista, que considera la prostitución como un hecho inevitable
cuya existencia debe ser aceptada por la sociedad, ya que cumple un fin
social. A través de esta legislación se reconoce la venta del cuerpo como
una actividad profesional por lo que quien la ejerce adquiere condición de
trabajador con sus derechos sociales, laborales y sanitarios. Es el caso,
por ejemplo, de Holanda, el primer país que, desde el año 2000, equipara
la prostitución a cualquier otra actividad laboral. Allí se permite desde
entonces gestionar un establecimiento sexual en el que trabajen,
voluntariamente, en la prostitución personas mayores de edad, siempre que
el propietario tenga una licencia municipal y cumpla las condiciones que
se le imponen.
   Alemania, a la holandesa
   A la
iniciativa de Holanda se sumó, dos años después, Alemania, que legalizó la
prostitución como actividad comercial en áreas designadas y otorgó incluso
el derecho de las profesionales del sexo a recibir el subsidio de
desempleo. Los propietarios de los burdeles están obligados a pagar
impuestos y dar de alta a sus trabajadoras en la seguridad social. Como
cualquier empresario, también éstos tienen derecho a acceder a las bases
de datos de personas que buscan trabajo, una medida que ya ha generado
problemas, pues la nueva legislación alemana establece que cualquier mujer
menor de 55 años que lleve un año en el paro está obligada a aceptar
cualquier trabajo, incluida la prostitución, si no quiere perder derechos
en las prestaciones por desempleo.
   Bajo este modelo también se
encuentra la República Checa y Grecia, cuyas meretrices están reguladas
como trabajadoras autónomas y deben pagar impuestos, seguridad social y
sanitaria, y acudir a exámenes médicos; y Austria, donde se determina en
qué lugares se puede ejercer la actividad y se limita su acceso a menores.
   La prostitución recibe, de esta manera, un tratamiento muy distinto entre
los estados miembros ya que mientras que en Irlanda la prostitución
constituye un delito sancionable, en Austria está permitida en las calles
bajo un registro de la actividad, y mientras en Holanda las prostitutas se
exhiben en los escaparates de luces rojas de las calles más céntricas de
las ciudades, en Reino Unido está prohibida la publicidad y la seducción
en lugares públicos. Entre tanto, Francia y España están a caballo entre
tendencias más y menos permisivas.
   Frente a las discrepancias
legales, todos los estados condenan el proxenetismo y tratan de hacer
frente a la extensa red de mafias rusas, rumanas, subsaharianas… que
traen mujeres para explotarlas. Según un estudio elaborado por Médicos del
Mundo, un 75 por ciento de la prostitución en Europa es ejercida por
inmigrantes.