España negocia en el puerto mauritano de Nuadibú no sólo para lograr la repatriación a sus países de los 299 náufragos asiáticos del carguero Marine I, sino también para dejar claro al resto del mundo que el Gobierno será “inflexible” con la inmigración ilegal. “No sabemos si vienen más barcos, pero por eso la resolución de esta crisis es de tanta importancia. Todos sabemos que eso es lo que se está negociando en Nuadibú”, advirtió ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, antes de afirmar que España acudió al rescate del barco “por razones humanitarias” y que lo volvería a hacer.

Rubalcaba comparecía ayer en la Comisión de Interior del Congreso para hacer balance de la política de inmigración en 2006 y para responder a una serie de preguntas que los grupos de Coalición Canaria (CC) y CiU habían planteado hace meses. Así que esas cuestiones – sobre la muerte de inmigrantes en las aguas del Estrecho – fueron rápidamente desplazadas por el asunto de actualidad: la crisis del Marine I, un barco que, cargado con 369 inmigrantes asiáticos y africanos, quedó a la deriva y fue remolcado por un barco español al puerto de Nuadibú, donde los Gobiernos mauritano, indio y español discuten desde hace 15 días sobre cómo repatriar a 299 náufragos.

El propio ministro quiso hacer un alto en su discurso de 75 minutos para dirigir la mirada a Nuadibú y admitir que ese proceso de repatriación está resultando “muy difícil”. “Soy consciente de que vivimos una crisis. Es verdad que auxiliamos a un barco fuera de las aguas de competencia española. No teníamos por qué haber ido, pero fuimos. Lo volveremos a hacer todas las veces que haga falta”, comenzó, y silabeó hasta cuatro veces su argumento: “Razones humanitarias”.

Rubalcaba resumió el acuerdo al que llegaron España y Mauritania: 35 inmigrantes subsaharianos serían devueltos por España a Guinea – Conakry – aunque por el momento se encuentran en Cabo Verde, porque Guinea está en situación de preguerra civil y el Gobierno “no va a poner en riesgo la vida de nadie”, subrayó el ministro – ; otros 35 “con nacionalidad indeterminada” serían transportados temporalmente a Canarias, y los 299 restantes, en su mayoría indios, serían repatriados desde Mauritania a sus países de origen. Pero el acuerdo “se ha complicado” por la dificultad de las autoridades indias en identificar a sus ciudadanos.

“Adoptamos una decisión política comprometida. Lo volveríamos a hacer, pero es verdad que una decisión así tiene dificultades posteriores”, prosiguió el ministro. Paulino Rivero, portavoz de Coalición Canaria, le preguntó si se esperaban más barcos como el Marine I; el ministro respondió con semblante serio: “No sabemos, pero es verdad que alguno ha llegado, por eso la resolución de esta crisis tiene tanta importancia. En el fondo todo el mundo sabe lo que está pasando y lo que se está negociando en Nuadibú. Creo que no hace falta expresarme con más claridad”.

Tres de los portavoces tomaron la palabra para plantear que “se podía haber hecho mejor”, pero dejaron la crítica ahí. “No vamos a hacer sangre con esto”, dijo Carles Campuzano, de CiU.

“Lo que ha pasado es la quintaesencia de la política migratoria española y comunitaria. Al menos ahora no se los narcotiza para repatriarlos”, soltó Emilio Olabarria (PVN), en referencia a lo ocurrido en verano de 1996, cuando 103 inmigrantes fueron devueltos en un avión, sedados con haloperidol, por el Ejecutivo de José María Aznar.

Sí aprovechó para cargar contra el Ejecutivo la diputada del PP Mercedes Roldós. “Llevaron a Mauritania un problema que no era de ellos, y pasa lo que pasa. Es un sainete, lamentable y dramático. ¿Esa es la buena coordinación de la que habla?”, preguntó, antes de sugerir que sólo se ha llevado a Canarias a 35 de los 369 inmigrantes del Marine I “para no dañar a Juan Fernando López Aguilar”, candidato del PSOE en las elecciones autonómicas. Roldós no cuestionó ni apoyó expresamente la decisión de fondo: rescatar al carguero que navegaba a la deriva.